EL ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

EL ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZIÓN Y SOSTENIBILIDAD  DE   LA    ADMINISTRACIÓN    LOCAL

 

Senatus Trianae ha tratado sobre la Administración Local en dos artículos: DE LA ADMINISTTACIÓN LOCAL, el 7 de marzo de 2012, y S.O.S TENGO QUE HACER UN TRÁMITE EN EL AYUNTAMIENTO, el 24 de julio de 2012, en ambos dejó constancia de la necesidad urgente de una reforma de la Administración Local, que es sin duda la más próxima al ciudadano y también la más deficiente de todas.

Hoy, ante el anteproyecto de ley que el Gobierno ha sometido a trámite, considera oportuna formular algunos comentarios sobre el mismo.

Los Partidos Políticos debaten una parte del contenido, lo que sin duda es bueno, aunque no lo es tanto que las comentarios y críticas se centren principalmente en aquellos aspectos que conciernen directamente a la clase política y menos en los que atañen a la buena Administración y afectan a  los ciudadanos, que son las víctimas propiciatorias  de los desatinos de la desastrosa Administración Local con la que cuenta este país.

Los cambios estructurales es materia de estudios y comentarios frecuentes porque, según los expertos, es imprescindible llevarlos a cabo para la buena marcha de este país. Dichos cambios conciernen principalmente a la Administración Local. En este anteproyecto de ley deberían tener gran relevancia, pero no es así aunque son fundamentales para facilitar que se desarrolle el tejido industrial del que Andalucía, en concreto, carece. Basta con leer el artículo 84 bis para comprobarlo. La aparente agilización de la tramitación con el fin de conseguir las licencias municipales, para las diferentes actividades económicas, queda sometida a condicionantes regulados por normas técnicas de aplicación complicada y efectividad dudosa. La opción alternativa de imponer a las Entidades Locales  plazos concretos para emitir resoluciones y, en caso de incumplimiento, aplicar como norma general sin excepciones el silencio administrativo positivo a favor del administrado, si siquiera se insinúa cuando es una vía realmente reformadora.

Otra cuestión, que se trata poco y mal en el Anteproyecto de Ley, se refiere a las retribuciones de los funcionarios municipales.

El PSOE en su primera etapa de gobierno dio pasos importantes en la equiparación salarial de los funcionarios públicos de todas las Administraciones Públicas del Estado, pero dejó rendijas en las nóminas, con el nombre de determinados complementos,  que el propio PSOE utilizó para crear algunas situaciones discriminatorias y que la  Administración Local ha llevado al límite del absurdo. Puede servir de ejemplo, para situarnos en otra realidad nefasta de la Administración Local, el siguiente: El salario de un administrativo del Ayuntamiento de Sevilla, que corresponde al grupo C para el que se requiere el título de bachillerato, es similar al de un jefe de servicio de la Junta de Andalucía, grupo A titulado superior y con responsabilidades en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. Es superior al del profesorado de la enseñanza primaria, ESO y bachillerato y también al de algunos profesores universitarios y así se podría continuar.

Esta situación, tan favorable para el funcionario municipal, además de originar  agravios comparativos, más que justificados, es insostenible pues ayuda considerablemente a que los Ayuntamientos no puedan pagar las nóminas a final de mes y acudan pidiendo ayuda a las otras Administraciones Públicas que pagan bastante peor a sus funcionarios, aunque funcionen mejor. Esto sin mencionar otras prebendas relacionadas con seguros médicos y premios económicos.

Por lo dicho, el asunto tendría que tratarse en el anteproyecto con el fin de corregir agravios y hacer la Administración Local sostenible como menciona el titulo del proyecto de ley.

Tampoco se resuelve el problema [que se deriva] de la obsesión de los ayuntamientos por contratar a personal directivo para sus empresas, agencias, gerencias y demás inventos, quizá porque los Partidos Políticos la utilizan para colocar en puestos muy bien retribuidos a personas afines, comportamiento que es claramente despectivo para los funcionarios que, al parecer, los responsables políticos consideran que están incapacitados para ocupar dichos puestos directivos, con las retribuciones de funcionarios que, como se ha indicado, están  más que bien remunerados.

La disposición adicional cuarta, sobre retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del Sector Público Local y sobre el  número de miembros de los Órganos de Gobierno, remite a la ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año para fijar sus retribuciones, con lo fácil que sería equipararlos a los sueldos de los funcionarios de similar responsabilidad. El problema de hacerlo así supondría quitar a la clase política la posibilidad de situar a miembros, de la misma, en cargos que con frecuencia son innecesarios y muy bien pagados, mucho mejor por supuesto que los funcionarios aunque disfruten también de las prebendas que tienen los de la Administración Local.

La Reforma de la Administración Local es necesaria y se debe llevar a cabo con la mayor celeridad posible pero, para hacerlo bien, los Partidos Políticos se tienen que poner de acuerdo y realizarla pensando en los ciudadanos y en el Interés General o en el Bien Común, y no en los intereses partidarios y de la clase política, como hacen siempre.

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