DEL ESTADO LAICO

DEL ESTADO LAICO

La Constitución española de 1978 consagra en su artículo 16 la libertad ideológica y religiosa de los españoles y deja claro que ninguna religión tendrá carácter oficial. Lo que no dice con rotundidad es que España es un estado laico y sí que tendrá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica.

Se puede vislumbrar en la estructura de estos contenidos las dificultades que debieron tener los políticos responsables de redactar la Carta Magna para defenderse de las influencias asfixiantes y destructivas de la Santa Madre.

Nadie puede dudar que la religión cristiana ha incidido en la forja de la cultura del país y en su historia, pero las invasiones, las colonizaciones, las guerras, las miserias, las epidemias, las enfermedades, las monarquías, las injusticias, las desigualdades, el caciquismo, los nacionalismos y otras muchas calamidades también lo han hecho y no por ello dejamos de hacer todo lo que es posible para alejarnos y desprendernos de ellas y de sus secuelas.

El derecho de cada individuo a tener sus  propias creencias y a seguir los dictámenes de los credos religiosos que considere pertinente profesar es indiscutible, siempre que no afecte para mal a los derechos de los demás.

El miedo del ser humano a la muerte, a ser limitado y perecedero, y la necesidad de tener la esperanza de disfrutar de una vida eterna donde no tendría limitaciones, como ofrecen las religiones, son realidades reconocidas y aceptadas. Otra cuestión son los métodos, con frecuencia, destructivos, que utilizan las organizaciones religiosas para someter a los miembros de las comunidades, en las que se implantan, a los intereses de los jerarcas. Lo hacen por medio de los mandatos del líder y de los dogmas que dictaminan en base a las conclusiones de extrañas seudociencias con las que dicen estudiar las manifestaciones, los contactos y las exigencias de las deidades que según ellos rigen el universo.

Cuestión muy diferente es la posición en la que se sitúan las organizaciones políticas en esta cuestión. El PSOE es por principio un partido laico y con esa rotundidad se tendría que poder afirmar.

Hoy resulta imprescindible que los responsables del partido les digan con claridad a sus miembros si su intención es seguir el mismo camino de los últimos gobiernos socialistas, si alguna vez volvemos al poder, porque es más que evidente que han estado próximos por no decir inmersos en la confesionalidad católica, lo que es impresentable. Las razones para opinar así son muchas y entre las más significativas se pueden citar algunas.

Es inaceptable que se hayan mantenido vigentes y aplicado acuerdos con el Estado Vaticano, que están en contra de la Constitución Española e incluso son ajenos al Derecho Internacional y a otros acuerdos  suscritos por el Estado Español.

Es inadmisible que se haya mantenido una cuota especial en el IRPF con el fin de asignar recursos para la Iglesia Católica o para asuntos sociales, cuando lo correcto es que para ese fin se haga una aportación adicional del contribuyente que lo  desee, no que una parte de un impuesto establecido con carácter general se destine a ese fin.

Es impresentable que los gobiernos socialistas hayan mantenido a costa de las cuentas del Estado la asignatura de religión católica en las escuelas públicas, con la presencia de símbolos religiosos católicos. Las clases de adoctrinamiento religioso las tienen que impartir las organizaciones religiosas en sus instalaciones. Situación que se agravaba con el hecho de que los profesores, que imparten la materia, los paga el Estado pero los elije el obispo de turno y los mantienen en un régimen de contratación y trabajo al margen de los derechos laborales, los que consagra la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores.

Es imperdonable que el último gobierno socialista nombrara, sin base legal alguna, a un obispo católico general de división castrense. Así como que el último presidente de gobierno socialista participe en un acto público, por primera vez desde que dejó el gobierno, de la mano de uno de los prebostes más reaccionario de la jerarquía católica, que además lo defendió ante los insultos de otros miembros de la secta.

Que los bienes de la Iglesia Católica estén libres de determinados tributos no ocurre ya ni en la Italia ultramontana, pero si bajo un gobierno socialista en nuestro país. Así mismo que el mantenimiento de un patrimonio religioso, que su construcción, durante siglos, tuvo como fin apabullar al pueblo y  obstaculizó el desarrollo de la arquitectura y las expresiones artísticas civiles, lo mantenga el Estado sin ostentar su titularidad y por lo tanto pueda hacer el uso que considere más adecuado para los ciudadanos creyentes o no, que aportan los recursos.

Que después de más de veinte años de gobiernos socialistas se mantengan las fiestas religiosas católicas y no se hayan sustituido por fiestas civiles, aunque fueran en las mismas fechas.

La libertad de cualquier miembro del partido para pertenecer a un credo y cumplir con los ritos que el mismo conlleve debe ser total, pero los miembros que están en las instituciones porque han sido elegidos como representantes del partido socialista, en elecciones democráticas,  o que han sido nombrados por la misma razón para cualquier cargo público, no tienen que intervenir en representación de tales entidades en practicas religiosas de ningún credo. Si quieren hacerlo que sea a titulo personal.

No se puede aceptar como excusa de tales comportamientos la gran labor social que hace la Santa Madre porque ello es un montaje, como todo lo que procede de ella. La caridad no está dentro de los principios socialistas, sí la justicia y la redistribución de la riqueza, que debe llevarlas a cabo por medio de políticas que desarrollen los gobiernos, las supuestas obras de caridad que hace la Iglesia Católica las lleva a cabo con dinero de todos los ciudadanos.

La institución más prestigiosa bajo el control de la Santa Madre es Caritas que recibe más del noventa y cinco por ciento de sus presupuestos del Estado, luego del Estado debería de depender además de cambiarle el nombre.

La instituciones de la Santa Madre que se han subvencionado y que se siguen subvencionando con el dinero público son entidades que han luchado y luchan contra los programas de progreso social y científico, que apoya el Partido Socialista, y lo hacen directamente en manifestaciones públicas de todo tipo, al mismo tiempo que reciben el apoyo económico para sobrevivir y hacer su caridad en miles de centros desde donde adoctrinan.

Si los responsable del Partido Socialista han llegado a la conclusión de que para ganar elecciones democráticas tiene que ser confesional y llamarse Partido Socialista Católico Español, que lo digan con claridad y pongan en marcha los mecanismos reglamentarios para que así lo recoja sus estatutos y que sus miembros o aquellos que quieran serlo sepan a qué atenerse.  De no ser así el partido es laico, así lo debe pregonar y comportarse como le es debido.

Esa secta milenaria denominada “Iglesia Católica” con un recorrido histórico repleto de corrupciones de todo tipo, atropellos, abusos de poder, crueldades sin limite, crímenes contra la humanidad y otras atrocidades, está sedienta de poder y de riquezas y cuando pone sus manos sobre personas, entidades o bienes difícilmente las retira sin llevarse con ella y para sus jerarquías cuanto haya de valor, por lo que es importante tenerlo en cuenta y actuar en consecuencia.

El Estado Social y Democrático de Derecho, al respetar la pluralidad, se obliga a garantizar la libertad ideológica (art. 16 CE) y propugna el valor superior de la justicia (art. 1,1), conjunción de libertad e igualdad. Ello implica la exigencia de un Estado Laico, es decir, aconfesional  y democrático, más allá, de ideologías y creencias.

 

 

CICLOS Y CORRUPCIÓN

CICLOS Y CORRUPCIÓN

Leemos y escuchamos, con frecuencia, en los medios de comunicación noticias alarmantes sobre los millones de toneladas de alimentos que van a la basura, y sobre los millones de toneladas de basura, como materia orgánica, que generan los humanos.

Si recordamos el ciclo del carbono, que todos hemos estudiado, sabemos que esos millones de toneladas entran en el ciclo mencionado, pues gracias al cual la vida se mantiene sobre la tierra. Antes o después esa materia orgánica se oxidará para generar dióxido de carbono que lo asimilarán los vegetales y, a su vez, alimentarán a los seres vivos que producirán residuos. Así se completa un ciclo que nunca cesa.

El tratamiento de los casos de corrupción sigue en este país un ciclo, como la basura, que se inicia con escándalo y que se completa para terminar en un punto donde impera la indiferencia y que no tiene apenas consecuencias, ni penales, ni económicas, ni políticas para los corruptos. Este ciclo es una desdicha para la ciudadanía. Pero gracias al mismo, puede sobrevivir la clase política, integrada en organizaciones partidarias que tal y como en la actualidad se conciben y funcionan son nefastas. Ya que deterioran a la Democracia y la abocan a su destrucción.

Denuncias de diferentes procedencias, incluyendo las anónimas, investigaciones judiciales o periodísticas, o cualquier otro mecanismo hace que emerjan los casos más diversos de corrupción de los miembros de la clase política con los que se inicia el ciclo.

Las alarmas sociales se disparan y la Justicia se ve obligada a intervenir al mismo tiempo que el partido político implicado se enroca, para llevar a término una defensa a toda costa de la inocencia de la organización. En el caso de que las pruebas sean contundentes y la corrupción de entidad, los responsables de la organización prometen todo tipo de medidas para luchar contra la misma.

Los días trascurren, las alarmas sociales dejan de sonar y el caso poco a poco se va diluyendo, para dar entrada a los pasos siguientes. El ciclo continúa y en la vía jurisdiccional el procedimiento se encuentra con todo tipo de obstrucciones, lo que hace que se prolongue indefinidamente en el tiempo.

El Alcalde que fue por derecho propio el prototipo de la corrupción más descarada y repulsiva murió a edad avanzada y disfruto de una cuantiosa fortuna, fruto del delito, que pasó a sus herederos, aunque dejó pendientes más de cincuenta casos, por los que estaba encausado, en los juzgados por delitos de corrupción. El caso ya ni se recuerda, aunque sus sucesores mantuvieron similar conducta y algunos andan recorriendo el ciclo.

El mencionado Alcalde no se sabe si consiguió una marca de impunidad, todavía no superada, gracias no sólo a la labor obstruccionista de sus abogados y a las prescripciones. También influyó en ello sus excelentes relaciones con miembros de la judicatura, a los que agasajaba periódicamente.

Hay otro caso relevante que está recorriendo el ciclo, se trata de un político que fue presidente de Diputación y que lleva años implicado o encausado en casos de corrupción, que están en la vía jurisdiccional  sin que se resuelvan. El juzgado que tramita algunos de tales casos ha cambiado nueve veces de titular.

El último caso relevante que protagoniza el que fue tesorero de Partido Popular, que ha tenido tanto alcance y disparado las alarmas sociales, entrará en el ciclo y se apagará. Si sobrevive a la sentencia y tiene la desgracia de sufrir alguna condena ya se encargará el Gobierno de turno de indultarlo para que disfrute de su fortuna, fruto del delito, que por supuesto no retornará a las arcas públicas, de donde procede.

Las perspectivas son, día a día, más negativas con la organización partidaria actual. Sanear la política para fortalecer la democracia requiere de cambios radicales. Dejar las listas cerradas, que fortalecen a los partidos, e ir a distritos electorales que fortalecen al ciudadano y responsabilizan a los candidatos individualmente. Limitar el tiempo que los políticos puedan ocupar cargos públicos u orgánicos, que serán incompatibles con cualquier otro; y limitar también los puestos que se ocupan por libre designación en las Administraciones Públicas al mínimo imprescindible. Elegir en las empresas públicas por concurso de méritos a los cargos y a los trabajadores. Romper definitivamente con el hábito de buscar, para los políticos que dejan cargos públicos, los Consejos de Administración de las grandes empresas como destino.

Muchos españoles escucharon, con reiteración, durante los años de la dictadura, que los partidos políticos acabaron con las libertades y con la Democracia. Una obligación de los políticos, de todas las ideologías, es que ninguna persona tenga que escuchar en este país sentencias similares.

LAS REFORMAS WERTANAS YA SON UN ANTEPROYECTO DE LEY

LAS REFORMAS WERTANAS YA SON UN ANTEPROYECTO DE LEY

Cada gobierno de la democracia ha llegado al poder con una ley de educación bajo el brazo, para sustituir la que hizo el gobierno anterior. Tal proceder recuerda el quehacer de Penélope con su velo, que nunca lo terminaba porque deshacía por la noche lo que hacía durante el día. Al parecer el destino de la Educación, en este país, es que la rijan normas que no tengan vigencia el tiempo suficiente para contrastar, con  objetividad, su eficacia y hacer las correcciones técnicas pertinentes que sean necesarias. Lo que tendría que ser una exigencia de la sociedad a los partidos para que acordaran una política educativa que tuviera permanencia y que acordaran, también, mecanismo para corregirla y actualizarla, siempre para mejorar y garantizar el derecho constitucional sin dejarse llevar por intereses sectarios.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se aprobó cuando Rodríguez Zapatero  ocupaba la presidencia del gobierno y las reformas de la misma que anunció el ministro señor Wert, a los pocos días de su nombramiento, aunque corregidas y aumentadas,  ya se han concretado en un proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación.

Sobre el contenido del proyecto de Ley se han hecho todo tipo de comentarios en los medios de comunicación del país y el comportamiento de los partidos políticos ha sido variado, de los mismos son dignos de destacar el cinismo del Partido Popular, la egolatría de algunos nacionalistas con un desplante incoherente por ser desproporcionado en relación al contenido del proyecto de Ley que a ellos dicen que más le afecta, confirman así que están convencidos que son el obligo del mundo y que en torno a ellos tiene que girar todo el país, lo que consiguen, por desgracia, con demasiada frecuencia. Por último el papel del PSOE ha sido poco definido y tibio.

El borrador del proyecto de ley dice literalmente en su introducción: “reforma que huya de los debates ideológicos que han dificultado el avance de los últimos años”. Frente a tal propósito el partido popular potencia con el mayor cinismo un planteamiento ideológico como es la potenciación de las clases de religión, asignatura que volvería a tener valor curricular. Deja además claro por la forma de tratar el tema que no se trata de clases sobre la religión o religiones, sino de religión, de una única religión que al parecer debe ser la Religión Católica, como si estuviésemos en un estado confesional y retornara el nacionalcatolisismo. Es decir clases de adoctrinamiento religioso impartido por profesores designados por la cúpula de la clericalla católica y pagados por el Estado, con los recursos de todos los españoles, pertenezcan o no a la Iglesia Católica y sean o no practicantes dóciles a la jerarquía.     El PSOE tampoco fue contundente al respecto en la ley 2 de 2006, escudándose tras el contenido del Concordato con el Estado Vaticano, que como se ha repetido tantas veces no encaja en la Constitución del 78. Al mismo tiempo la educación para lograr buenos ciudadanos, desterrar prejuicios, entre ellos los religiosos, y difundir los principios fundamentales para construir una sociedad justa se margina. Se permite que disfruten de la subvención que reciben los centros concertados aquellos que discriminan por sexo, lo que significa volver  a comportamientos que impuso la Iglesia Católica, que controlaba la enseñanza, en la posguerra y que se mantuvieron durante la dictadura como pago a los servicios prestados. Es evidente que en este borrador de ley se aprecia una influencia determinante de la Santa Madre.

En relación a las medidas tomadas para luchar contra el abandono y el fracaso escolar la efectividad que puedan tener es más que dudosa, puesto que no se basan en la mejora de las técnicas didácticas para despertar la curiosidad y el interés de los alumnos, lo que es imprescindible junto con la racionalidad, la disciplina, el respeto a los profesores, la valoración del conocimiento y de las normas básicas de la convivencia, para conseguirlo y hacer que disminuyan los porcentajes tan desfavorables que se dan, así como mejorar las perspectiva de futuro para los estudiantes gracias a la educación y al conocimiento, sino que se han basado en incrementar las medidas de control, retornado así a la implantación de figuras similares a las antiguas reválidas aunque con otros nombres, así como a potenciar la competitividad entre los centros, lo que probablemente genere frustración más que estímulos por mejorar. Ambas actuaciones no hacen la enseñanza más atractiva y fructífera sino todo lo contrario.

El señor ministro ha presumido de seguir comportamientos de toro bravo, pero lo oportuno sería tener menos brutalidad y más inteligencia para emplearla en conseguir que, en torno al derecho constitucional a la educación, se agruparan todas las fuerzas políticas para elaborar una Ley Orgánica que perdurara gracias a que tuviera una calidad indiscutible.