LA CORRUPCION QUE NO CESA

 

       Muchos opositores al régimen de Franco que vivimos la ilusionada Transición de la Dictadura a la Democracia pensábamos que la separación clásica de poderes: ejecutivo, legislativo, judicial; los partidos políticos y los sindicatos; la libertad de expresión traducida en unos medios de comunicación libres y críticos y, en definitiva, la acción política del pueblo español iba a terminar para siempre  con la corrupción.

       En aquellos primeros años de nuestra recién estrenada libertad hubo pocos casos y nuestra preocupación se centraba en la desestabilización que provocaba el terrorismo de ETA y la aceptación por parte de unos mandos militares golpistas de una democracia constitucional plena.

       Los socialistas pudimos participar en las elecciones generales de 1979 con un lema: “Cien años de honradez y firmeza”. Nada que ver con la situación actual. Todas las instituciones desde la Corona hasta las corporaciones de pequeños pueblos, desde el Presidente del Gobierno hasta Consejeros Autonómicos, desde el Tribunal Constitucional hasta Ministros del Gobierno, están afectados por casos de corrupción. Por no hablar de banqueros, empresarios y partidos políticos. El magma es tan espeso que a veces es difícil distinguir entre corruptores y corruptos. No se sabe qué fue primero si el empresario que propone privatizar un sector sanitario a cambio de cuantiosas dádivas al político en ejercicio o viceversa. En cualquier caso ambos están perjudicando el interés general de los ciudadanos y, por supuesto, cometiendo un delito.

       Hay casos de corrupción institucional, continuada en el tiempo, como la financiación ilegal del PP y los posibles “sobre-sueldos” a su cúpula que, caso de probarse, podrían llevarse por delante al Gobierno de España y el poco crédito que como país nos queda en Europa.

       No debe deducirse de lo anterior que vivamos en un país de corrupción generalizada pero sí que ésta abarca muy diversos y sensibles ámbitos de las instituciones económico-políticas que hacen funcionar un Estado.

       Apuntaremos posibles soluciones que podrían solventar o, al menos, paliar el problema.

       1.- El acuerdo entre partidos.

Hasta ahora la actitud de los partidos políticos con miembros imputados con casos de corrupción ha sido similar a la observada por la Iglesia Católica con sus curas pederastas: protección, ocultación y falta de colaboración con la Justicia. En definitiva, y esto es lo grave, complicidad.

Es necesario un gran acuerdo ente partidos con las modificaciones legislativas oportunas para erradicar la corrupción de sus integrantes, separando de su cargo a todo político imputado.

Listas abiertas que permitan a los ciudadanos mayor capacidad de elección.

Se debe limitar a dos los mandatos de todo cargo electo, desde un Alcalde Pedáneo hasta el Presidente del Gobierno. Esta limitación afectará también a los cargos nombrados por medio de Órdenes o Decretos: Secretarios de Estado, Directores Generales, Delegados de Gobierno y sus equivalentes en las CCAA.

Prohibición por Ley para presentarse en las listas o ser nombrados para cargos aquellos políticos sobre los que pese una causa judicial.

No prescripción de los delitos económicos cometidos en el ejercicio del cargo.

       2.- Una eficaz persecución judicial.

Los órganos jurisdiccionales españoles que luchan contra la corrupción económico-política no pueden ser objeto de presión y deben ser respetados para que cumplan su importante función a la mayor celeridad posible. Cuando la magnitud de los casos lo requiera, serán reforzados con los recursos técnicos y humanos necesarios para culminar su labor y acortar los plazos, a veces exasperantes, entre la comisión del delito y su condena.

       3.- Los medios de comunicación.

En una democracia con ciertas dosis de calidad resulta esencial el papel de unos medios de comunicación libres, críticos y que realicen un periodismo de análisis e investigación. Un arma capital para acabar con la corrupción es denunciarla. La publicación de esas prácticas delictivas hace imposible su continuidad y suele incoar acciones judiciales correctivas. En nuestro país muchos casos importantes que mezclan el poder y el dinero han sido y son desvelados por la prensa, la radio y la TV, cumpliendo así una de sus más importantes funciones y rindiendo un gran servicio a la ciudadanía a la que se deben.

       4.- La sanción social.

Es muy importante que asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos. ¿Por qué votamos a formaciones que incluyen en sus listas políticos corruptos? ¿Cómo es posible que en las elecciones de una Comunidad Autónoma con un candidato a Presidente ya encausado éste revalidara la mayoría absoluta? Parece que no tenemos especiales reparos en ser gobernados por corruptos.

La respuesta electoral de la ciudadanía ha de ser intolerante en estos casos. Un rechazo frontal disuadirá a los partidos políticos de presentar candidatos contaminados. También sería deseable la exigencia de responsabilidades políticas, es decir, dimisiones. Los tiempos de la política y la justicia son distintos y no podemos esperar que todo lo resuelvan los Tribunales.

       Los cuatro puntos anteriores contienen condiciones necesarias pero no suficientes. Hacen falta personas honradas dispuestas a hacer las cosas bien. La corrupción es también un fenómeno cultural  que, para ser combatida, postula la necesidad de un sentido cívico y político responsable. De ahí la importancia de la Educación, en todos los ámbitos de la vida.

 

ALBERTO RUIZ GALLARDÓN,LA CARA MÁS PROGRESISTA DEL PARTIDO POPULAR

ALBERTO RUIZ GALLARDÓN, LA CARA MÁS PROGRESISTA DEL PARTIDO POPULAR

Hace años, cuando por primera vez ocupó la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, los medios de comunicación lo trataron como la figura más progresista de la derecha, tanto que daban por hecho que si llegaba a ser candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Popular lo podían votar incluso sectores de la izquierda moderada. Tal era la valoración que hacían de él  aunque en colaboración con el Gobierno Central, de la derecha, acaparó Fondos de Cohesión para hacer algunas obras públicas en la comunidad autónoma que gobernaba, aunque el destino legítimo de tales recursos debió ser las comunidades autónomas con renta más baja, entre ellas Andalucía.

Llegó después su etapa como alcalde de la capital del reino y ya no pudo ocultar su personalidad de megalómano que llevó al municipio  a ser el más endeudado, proporcionalmente, de todo el país y culminó con el traslado de la sede central del ayuntamiento al que se llamó Palacio de Comunicaciones, donde hizo unas instalaciones faraónicas que exigieron  inversiones exageradas y dejó, para otros menesteres, la Casa de la Villa, donde se ubicaban los órganos centrales de la administración local de Madrid desde el siglo XVII.

Ahora ocupa la cartera de Justicia del primer gobierno del PP de esta legislatura, que tiene el respaldo de una mayoría absoluta del partido de la derecha y su verdadero rostro se ha descubierto. Primero con el tratamiento legal del aborto, después con las tasas judiciales y la privatización del Registro Civil, y es de temer que en el futuro, si no es cesado como ya se rumorea, ofrezca muestras nuevas de su deriva política hacia las posiciones de la derecha más reaccionaria, rancia y torpe de este país. Si lo apartan de la política es probable que traslade su quehacer, lamentable, a las actividades como fiscal, cuerpo al que pertenece gracias al horroroso sistema de acceso a la fiscalía que aun perdura en este país el mismo que a la judicatura es decir por medio de unas oposiciones endogámicas  que controlan los propios miembros de la judicatura, cuando como parte que son de un poder del estado tendrían que ser elegidos por medio de las urnas con participación directa de la ciudadanía.

La justicia es uno de los poderes del estado que no ha sufrido la transformación requerida por un estado democrático en el siglo XXI. Ninguno de los gobiernos de este país, tras la Constitución del 78, incluidos los socialistas, han tenido el valor requerido para hacerla razones por las que se ha llegado a la situación lamentable en la que se encuentra en la actualidad, con el prestigio por los suelos y arrastrando la desconfianza extrema que inspira en los ciudadanos, ya que dudan de su independencia y son víctimas de su ineficacia.

Desde el gobierno de los jueces hasta el último juzgado del país, pasando por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, todas las organismos judiciales están atascados en su quehacer porque siguen encajonados en procedimientos arcaicos y en su actividad diría permanecen ajenos a la ofimática, en toda su amplitud, una herramienta de trabajo que en la actualidad es imprescindibles para que las instituciones funcionen.

Tan desastrosa es la situación  que se llega a confundir una justicia garantista con una justicia que permite el obstruccionismo de los más poderosos, y unos gobiernos que indultan a los delincuentes de cuello blanco condenados por los tribunales como si estuviéramos en el Medioevo.

El señor ministro, ante esta situación lamentable, la solución que considera más oportuna es castigar aún más a los ciudadanos imponiendo tasas para poder litigar, es decir un derecho se restringe para dejarlo al alcance de aquellos que tenga los recursos económicos necesarios y vende tal maniobra de expolio a la ciudadanía, que nos  lleva  hasta épocas muy lejanas, como una fórmula para desatacar los juzgados.

La actuación política que ha iniciado el señor ministro se completa con la privatización del registro civil que controlarían los registradores  y determinadas acciones de los jueces que se asignarían a los notarios, para que los ciudadanos paguen y enriquezcan aún más a tales profesionales que hacen funciones que corresponden directamente a las Administraciones Públicas y en consecuencia deberían llevarla a término funcionarios que se limitaran a cobrar un salario por su quehacer. Ambas figuras, propias de la Edad Media, que el PSOE insinuó que eliminaría, pero que no lo hizo como tantas otras cosas, para que los funcionarios desarrollaran sus funciones están recibiendo más apoyo de los gobiernos durante la crisis, para que conserven sus prebendas millonarias, que los parados.

La cara que se tuvo como la más progresista del Partido popular, solo ha necesitado ser miembro de un gobierno de derechas para ponerse a la cabeza de la reacción más extrema.