EL DESPRESTIGIO DE LAS INSTITUCIONES

EL DESPRESTIGIO DE LAS INSTITUCIONES

La expresión: “EL DESPRESTIGIO DE LAS INSTITUCIONES”, se ha repetido, se repite y probablemente se repetirá demasiadas veces en este país. Se ha usado como arma arrojadiza y en forma de reproche con tanta frecuencia, por los miembros de la clase política, que ya apenas incide en el juicio de valor que hacen los ciudadanos sobre sus instituciones, pues de tanto escuchar la frase de referencia se ha hecho para ellos tan habitual como intrascendente.

Se ha llegado hasta esta situación gracias principalmente al comportamiento impresentable del Partido Popular, que mientras estuvo en la oposición se dedicó a fomentar tal desprestigio, al poner en duda el quehacer de los órganos más importantes del estado, desde el trabajo de las fuerzas de seguridad hasta el quehacer de la fiscalía, pasando por el Banco de España, los tribunales de justicia, las organizaciones sindicales o cualquier otra, sin dejar a ninguna al margen de su permanente descalificación además de poner en duda la honestidad de la labor que realizaban. Ahora, cuando ostenta el poder, oculta y protege las actuaciones realmente impresentables y delictivas de miembros afines de algunas instituciones, lo que tampoco ayuda a que las mismas recuperen el prestigio, que ellos ayudaron a destruir, si no todo lo contrario.

El partido socialista tampoco está libre del mencionado desprestigio y de sus consecuencias que ofrecen una imagen del país poco favorable, tanto por acción como por omisión, lo que sin duda requiere un análisis que esclarezca la situación que a todos afecta para intentar buscar soluciones.

Bajo el término institución cabe desde  organizaciones que desempeñan funciones de interés público, especialmente benéficas o docentes, a los órganos constitucionales del poder soberano de la nación. El término desprestigio se puede aplicar tanto a instituciones que caben en la acepción más amplia como en la más restrictiva, el problema está en como salir de una situación tan negativa a la que hemos llegado de la mano de la irracionalidad y de la corrupción.

La imagen de un país, tanto para los ciudadanos del mismo, como para los de otros países va de manos de sus instituciones, de todas sus instituciones, aunque unas tengan más relevancia que otras. El nuestro por desagracia lleva algún tiempo trasmitiendo sensaciones tan negativas, que probablemente tendremos que recurrir para ofrecer otra imagen, como ya se hacía en otros tiempos por fortuna superados, a la versión más ramplona del folclore patrio.

La imagen de las instituciones se forma no solo por el trabajo que hacen, al servicio de los ciudadanos, que sería lo correcto, sino también por las personas que forman parte de las mismas.   Basta con hacer un recorrido por algunos acontecimientos significativos para confirmar que los mecanismos para designar sus miembros y regular su funcionamiento son nefastos y que es imprescindible cambiarlos para impedir tantos despropósitos.

Una presidenta del parlamento de una comunidad autónoma ha sido condenada a cinco años de prisión, el presidente de un gobierno autónomo   está a la espera de condena y algunos otros es previsible que terminen ante los tribunales. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial tuvo que dejar el cargo para no terminar igual y llegó a reclamar una indemnización de cientos de miles de euros por los servicios prestados. Varios exalcalde, exconcejales esperan sentencia en Málaga, con peticiones de cientos de años de prisión e indemnizaciones de miles de millones, otros muchos han sido ya condenados y otros esperan juicio. Altos cargos de varias comunidades autónomas esperan en prisión ser juzgados por los tribunales. Un presidente del Banco de España fue condenado por los tribunales y otro puede que pase también por ellos, lo mismo que los consejos de administración y órganos directivos de muchas entidades financieras por ineptos y corruptos. Una presidenta del mercado de valores tuvo que dimitir. Un juez, al que llamaban estrella, fue condenado por prevaricación, con la protesta de un alto porcentaje de la ciudadanía que dejaba en mal lugar al Tribunal Supremo, tribunal que toleró que el mismo juez recopilara pruebas aprovechando que ocupaba un alto cargo político y con las mismas volviera a su puesto de juez para procesar a un ministro y otros altos cargos que fueron condenados. Miembros de varios partidos políticos, entre ellos los que han ocupado el poder central y los autonómicos incluidos nacionalistas, han pasado y pasan por los tribunales por mantener redes corruptas para conseguir recursos para la organización y para miembros de sus cúpulas. Las corrupciones afectan incluso a instituciones sin ánimo de lucro dedicadas supuestamente a labores humanitarias, que dedican las subvenciones recibidas ilegalmente al lucro personal, algunas de ellas se relacionan con partidos políticos y con miembros de la familia del jefe del Estado. Está sin investigar, como si hacerlo fuera un disparate y no una obligación,  el tres por ciento que supuestamente cobraba, como comisión, un partido político por obras que asignaba el gobierno que sustentaba.

Esta tortilla, en la que sin duda faltan bastantes huevos, la completa los gobiernos de turno que indultan a los delincuentes afines condenados por los tribunales, mientras miles de reclusos víctimas de las injusticias sociales pasan años en prisión.

Situación tan extrema de degradación de las instituciones es imposible de mantener sin que origine consecuencias graves, porque los principales responsables de tal situación son los partidos políticos y sufren por tales motivos un deterioro a un ritmo tan rápido que corren el riesgo de desaparecer o de que los hagan desaparecer.

Los partidos políticos como instituciones, quizá las más desprestigiadas de todas, tienen la obligación de depurarse y cambiar en términos radicales sus forma de organizarse y de proceder, así como establecer formas limpias para hacer llegar a ellas solo personas válidas y  honestas, aunque ello tengo un costo para los dirigentes ya que tanto los cargos orgánicos como los representantes en los poderes del estado deberían tener limitado su mandato, en ningún caso superior a ocho años. Los órganos internos del partido tendrían la responsabilidad de actuar como filtros para que solo los militantes más capacitados, en todos los sentidos, ocuparan cargos orgánicos o institucionales.

 

 

 

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