RODRIGO RATO, UN POLÍTICO SINIESTRO DEL PARTIDO POPULAR

RODRIGO RATO, UN POLITICO SINIESTRO DEL PARTIDO POPULAR

El presidente Aznar mantuvo,  durante un amplio periodo de tiempo, el discurso de que gracias a sus acciones España cumplió con los requisitos, en relación al cumplimiento de las variables económicas de deuda publica, déficit presupuestario e inflación, para forman de los países que tendrían como moneda única el euro. Atacaba, con tales razonamientos, a los gobiernos socialistas que le precedieron, de los que según su argumentación heredó una situación complicadísima para poder integrarse en la moneda europea, por lo que solo gracias a sus acciones excepcionales se logró la integración.

Lo que no decía el señor presidente eran los mecanismos que empleó, para conseguir situar las variables en los valores que le exigía la Unión Europea, algunos de ellos fueron las bases para llegar a la desastrosa situación económica-social actual y otros la venta de la participación que conservaba el Estado en sectores industriales estratégicos, en los que dejó de tener presencia y control, situación que no se da en ninguno de los grandes países que forman parte de la zona del euro, entre ellos el de las comunicaciones, es decir la Compañía Telefónica, de la que se desprendió del veinte por ciento de la misma, que aun conservaba el Estado, para poner la empresa en las manos de un amiguete.

El responsable económico del gobierno del Partido Popular que llevó a término tan lúcidas acciones era el señor Rodrigo Rato, que durante una de las manifestaciones que tuvo lugar en Barcelona, durante el año dos mil cuatro, en  contra de las mentiras del Partido Popular, en la que él estuvo presente, le sorprendía que los ciudadanos lo odiaran y así lo manifestaran.

El señor Rato es una clara representación de todo aquello que tiene de despreciable una parte importante de la clase política actual, que permanece pegada al poder para conseguir de él ventajas personales, que aparecen y desaparecen de la vida pública siempre en pos de las prebendas y promotores de acciones corruptas para beneficio propio.

Tras su nefasta gestión en los gobiernos del Partido Popular, pasó a ocupar la presidencia del Fondo Monetario Internacional, cargo que prefirió a ser el sucesor de Aznar, quizá porque preveía el futuro inmediato del Partido Popular y un destino con rango de jefe de estado y salario millonario le convenía más.

A pesar de que ocupar tal cargo fue su elección, lo dificultoso que resultó lograr que lo asignaran para el mismo y la importancia que tenía para los intereses de España que estuviera en tal presidencia no agotó el mandato, probablemente porque presintió el sismo que se aproximaba para la economía mundial. Presentó su renuncia con la excusa de que lo hacía por motivos personales.

Volvió a Madrid con una jubilación cuantiosa para ocupar la presidencia de Caja Madrid y cobrar, a cambio de sus servicios, más de dos millones de euros anuales.

La entidad madrileña, bajo el control de la señora presidenta de la Comunidad Autónoma, Esperanza Aguirre, con presencia en el consejo de administración de otros partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales que se limitaban a cobrar cantidades desproporcionadas, no hacer nada y participar y respaldar los chanchullos que llevó a la Caja al desastre, ya que terminó por ser la entidad bancaria con gestión más desastrosa y corrupta del país, con pérdidas ingentes de dinero a costa de todos los españoles.

El señor Rato, está imputado en el llamado caso Bankia, a causa de los hechos presuntamente delictivos que acompañaron a la conversión de Caja Madrid llena de fraudes de todo tipo. Tuvo que dejar la entidad y para compensarlo ha sido contratado por la Compañía Telefónica como consejero. Al parecer los favores que se deben a este tipo de personajes, por parte de determinadas empresas, no prescriben nunca ni por ninguna razón.

Las humillaciones y abusos permanentes, que determinados elementos de la clase política someten a la ciudadanía,  exigen acciones contundentes contra los responsables, aunque sólo sea para conservar la dignidad de las instituciones que pertenecen a todos los ciudadanos.

Es imprescindible dotar a la sociedad de  mecanismos rápidos y eficaces, para cortar de raíz los muchos desmanes de unas minorías que se comportan como si pudieran cometer todo tipo de  tropelías en la impunidad.

Los partidos políticos tienen la  obligación de terminar con tantos atropellos porque en ello va su propia existencia.

Un Jamón por Navidad

En sesión extraordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2012, la
Asamblea General del Monte de Piedad ( Cajasol) ha aprobado la
transformación de dicha Entidad en una fundación de carácter especial,
con la denominación » Fundación de Monte San Fernando». Con este acto
legal se pone fin a una larga historia como entidad financiera, cerca
de 200 años para convertirse en una simple fundación cuyo patrimonio
es el que hereda de la antigua Cajasol en forma de edificios y
participación como accionista en la entidad absorvente La Caixa.

Este importante paso de esa Entidad ha pasado inexplicablemente
bastante desapercibido de la opinión pública. Solamente la actuación
de un consejero de la Asamblea, en representación de los consumidores
( FACUA) rechazando el regalo del Consejo de Administración
(concretamente un jamón). Con este simple acto, que dignifica al
Consejero, ha puesto de manifiesto un hecho digno de un minimo
análisis.

La tranquilidad y la falta de autocrítica de los miembros de la
Asamblea, simplemente ha finiquitado la Caja de forma rápida y casi
clandestina y, sin ningún remordimiento, han recibido su tradicional
regalo de Navidad ( un cheque y un jamón). Además, como según ellos su
gestión ha sido tan magnífica, se han reelegido como los nuevos
órganos rectores de la Fundación.

En definitiva,los gestores y Consejo de Administración, han casi regalado a la Caixa una  entidad financiera centenaria en la  que tenían el mandato y la obligación de
gestionar honesta y prudentemente. En lugar de realizar esta labor,
han destrozado a la empresa.

Cajasol contaba con un importante patrimonio e influencia en el tejido
social de Andalucía Occidental, daba trabajo a más de 5000 personas y
era uno de los motores económicos con que contaba el gobierno de
Andalucía. Además del daño causado a la sociedad andaluza, esta
operación ha supuesto una gran pérdida de empleo, los despidos se
cuentan por miles, mientras que los culpables de esta situación, que
son una minoria de ejecutivos y consejeros, siguen disfrutando de una
holgadísima situación económica con pensiones y sueldos millonarios.

Ante estos hechos casi nadie ha actuado durante estos años para evitar
la actual situación, solo algunos representantes sindicales se han
opuesto a esta nefasta política. Habría que preguntarse por qué los
representantes de la Junta de Andalucía, tanto en los Consejos de
Administración como en las Comisiones de Control, no impusieron los
criterios y recomendaciones del Banco de España sobre el riesgo
suicida del negocio inmobiliario, causa final del desastre. La misma
consideración habría que hacer sobre la actuación de los
representantes del PSOE y del PP.

La cosa ya no tiene remedio, una vez casi finiquitado el sector
financiero andaluz, ya tenemos pruebas de como vienen los nuevos
tiempos, las recientes actuaciones de la Caixa ( las Atarazanas, la
Torre Pelli, la venta de Isla Mágica…) dan una idea de cual su
actitud ante los proyectos y problemas de nuestra Comunidad, aunque
nada haya que reprocharle, ellos actúan como cualquier entidad
financiera foránea.

Además tal como está constituida y dirigida la nueva fundación tiene
también sus días contados por inviabilidad.

Todo esto, y todavía no se habrá terminado de consumir el jamón…

EL DESPRESTIGIO DE LAS INSTITUCIONES

EL DESPRESTIGIO DE LAS INSTITUCIONES

La expresión: “EL DESPRESTIGIO DE LAS INSTITUCIONES”, se ha repetido, se repite y probablemente se repetirá demasiadas veces en este país. Se ha usado como arma arrojadiza y en forma de reproche con tanta frecuencia, por los miembros de la clase política, que ya apenas incide en el juicio de valor que hacen los ciudadanos sobre sus instituciones, pues de tanto escuchar la frase de referencia se ha hecho para ellos tan habitual como intrascendente.

Se ha llegado hasta esta situación gracias principalmente al comportamiento impresentable del Partido Popular, que mientras estuvo en la oposición se dedicó a fomentar tal desprestigio, al poner en duda el quehacer de los órganos más importantes del estado, desde el trabajo de las fuerzas de seguridad hasta el quehacer de la fiscalía, pasando por el Banco de España, los tribunales de justicia, las organizaciones sindicales o cualquier otra, sin dejar a ninguna al margen de su permanente descalificación además de poner en duda la honestidad de la labor que realizaban. Ahora, cuando ostenta el poder, oculta y protege las actuaciones realmente impresentables y delictivas de miembros afines de algunas instituciones, lo que tampoco ayuda a que las mismas recuperen el prestigio, que ellos ayudaron a destruir, si no todo lo contrario.

El partido socialista tampoco está libre del mencionado desprestigio y de sus consecuencias que ofrecen una imagen del país poco favorable, tanto por acción como por omisión, lo que sin duda requiere un análisis que esclarezca la situación que a todos afecta para intentar buscar soluciones.

Bajo el término institución cabe desde  organizaciones que desempeñan funciones de interés público, especialmente benéficas o docentes, a los órganos constitucionales del poder soberano de la nación. El término desprestigio se puede aplicar tanto a instituciones que caben en la acepción más amplia como en la más restrictiva, el problema está en como salir de una situación tan negativa a la que hemos llegado de la mano de la irracionalidad y de la corrupción.

La imagen de un país, tanto para los ciudadanos del mismo, como para los de otros países va de manos de sus instituciones, de todas sus instituciones, aunque unas tengan más relevancia que otras. El nuestro por desagracia lleva algún tiempo trasmitiendo sensaciones tan negativas, que probablemente tendremos que recurrir para ofrecer otra imagen, como ya se hacía en otros tiempos por fortuna superados, a la versión más ramplona del folclore patrio.

La imagen de las instituciones se forma no solo por el trabajo que hacen, al servicio de los ciudadanos, que sería lo correcto, sino también por las personas que forman parte de las mismas.   Basta con hacer un recorrido por algunos acontecimientos significativos para confirmar que los mecanismos para designar sus miembros y regular su funcionamiento son nefastos y que es imprescindible cambiarlos para impedir tantos despropósitos.

Una presidenta del parlamento de una comunidad autónoma ha sido condenada a cinco años de prisión, el presidente de un gobierno autónomo   está a la espera de condena y algunos otros es previsible que terminen ante los tribunales. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial tuvo que dejar el cargo para no terminar igual y llegó a reclamar una indemnización de cientos de miles de euros por los servicios prestados. Varios exalcalde, exconcejales esperan sentencia en Málaga, con peticiones de cientos de años de prisión e indemnizaciones de miles de millones, otros muchos han sido ya condenados y otros esperan juicio. Altos cargos de varias comunidades autónomas esperan en prisión ser juzgados por los tribunales. Un presidente del Banco de España fue condenado por los tribunales y otro puede que pase también por ellos, lo mismo que los consejos de administración y órganos directivos de muchas entidades financieras por ineptos y corruptos. Una presidenta del mercado de valores tuvo que dimitir. Un juez, al que llamaban estrella, fue condenado por prevaricación, con la protesta de un alto porcentaje de la ciudadanía que dejaba en mal lugar al Tribunal Supremo, tribunal que toleró que el mismo juez recopilara pruebas aprovechando que ocupaba un alto cargo político y con las mismas volviera a su puesto de juez para procesar a un ministro y otros altos cargos que fueron condenados. Miembros de varios partidos políticos, entre ellos los que han ocupado el poder central y los autonómicos incluidos nacionalistas, han pasado y pasan por los tribunales por mantener redes corruptas para conseguir recursos para la organización y para miembros de sus cúpulas. Las corrupciones afectan incluso a instituciones sin ánimo de lucro dedicadas supuestamente a labores humanitarias, que dedican las subvenciones recibidas ilegalmente al lucro personal, algunas de ellas se relacionan con partidos políticos y con miembros de la familia del jefe del Estado. Está sin investigar, como si hacerlo fuera un disparate y no una obligación,  el tres por ciento que supuestamente cobraba, como comisión, un partido político por obras que asignaba el gobierno que sustentaba.

Esta tortilla, en la que sin duda faltan bastantes huevos, la completa los gobiernos de turno que indultan a los delincuentes afines condenados por los tribunales, mientras miles de reclusos víctimas de las injusticias sociales pasan años en prisión.

Situación tan extrema de degradación de las instituciones es imposible de mantener sin que origine consecuencias graves, porque los principales responsables de tal situación son los partidos políticos y sufren por tales motivos un deterioro a un ritmo tan rápido que corren el riesgo de desaparecer o de que los hagan desaparecer.

Los partidos políticos como instituciones, quizá las más desprestigiadas de todas, tienen la obligación de depurarse y cambiar en términos radicales sus forma de organizarse y de proceder, así como establecer formas limpias para hacer llegar a ellas solo personas válidas y  honestas, aunque ello tengo un costo para los dirigentes ya que tanto los cargos orgánicos como los representantes en los poderes del estado deberían tener limitado su mandato, en ningún caso superior a ocho años. Los órganos internos del partido tendrían la responsabilidad de actuar como filtros para que solo los militantes más capacitados, en todos los sentidos, ocuparan cargos orgánicos o institucionales.