¿HACIA UNA ESPAÑA FEDERAL?

       Caben pocas dudas de la bondad política de la Constitución de 1978 en relación a nuestro país. En efecto, estamos hablando de  casi cuatro décadas que constituyen el período democrático más dilatado de la historia de España.

       El consenso alcanzado entre todas las fuerzas políticas para su elaboración se ha citado en numerosas ocasiones como un ejemplo  a seguir, sobre todo, teniendo en cuenta  el punto de partida: una cruenta guerra civil y 40 años de dictadura represora. Así pues, la Constitución ha sido y es básica para nuestra convivencia en libertad y no debemos ni podemos tirarla por la borda.

       Esto no significa que no podamos reformarla. La propia Constitución prevé los mecanismos adecuados para hacerlo. Es un texto que se da un pueblo así mismo, no algo eterno ni inmutable como las Tablas de la Ley, de las cuales  por cierto, también se rompieron varias.

       Hay ciudadanos españoles que se declaran “fatigados” o” incómodos” dentro del Estado Español, otros se sienten discriminados o económicamente perjudicados por parte del Gobierno. Se nota un cierto malestar no sólo de las llamadas nacionalidades históricas –parece que las otras no lo son-  sino también, desde CCAA como Andalucía que nunca ha puesto en cuestión su pertenencia a una entidad suprarregional llamada España.

       Los motivos del malestar son esencialmente económicos, de distribución equitativa de la riqueza que debe ser mejorada, sin olvidar el principio de solidaridad que necesariamente está obligado a drenar recursos de los contribuyentes más ricos a los más modestos y ello, independientemente del lugar donde se viva.

       Sin esta solidaridad redistributiva que se aplica dentro del Estado pero también en el seno de las CCAA, las provincias y los municipios, no hay entidad política que sobreviva.

       Parece absurdo reclamar airadamente independencia y autonomía fiscal, cuando nuestro país con todos los de la Unión Europea, están cediendo soberanía a chorros a los organismos comunitarios y cuando la solución de la crisis y el futuro europeo, pasan por una gobernanza económica y fiscal común, un BCE con más poder regulador y supervisor, e incluso cuando se vuelve a hablar de unos Estados Unidos de Europa.

       Esta cesión de soberanía, en definitiva de poder, se está dando en una doble dirección: hacia organismos supranacionales, caso de los europeos y hacia organismos subnacionales, caso de las CCAA españolas.

       El Estado-nación se  está diluyendo a ojos vista, ni siquiera una potencia en decadencia tan característica como el Reino Unido puede permitirse actuar aisladamente. Los que piden independencia van contra el sentido de la historia europea y quizás estén tras algo vacío de contenido.

       ¿Por qué los españoles, incluso a los que pueda molestarles esta denominación, no podemos debatir serenamente nuestra conversión constitucional en un moderno, respetuoso y solidario Estado Federal? Algunas de las naciones más importantes del mundo han adoptado esta fórmula política. ¿No nos bastaría con la autonomía que gozan Massachusetts o Baviera? ¿Es que las CCAA de este país necesitamos marina de guerra y moneda propia?

       Podemos construir un Estado Federal consensuado y aceptado por todos, para finalmente convocar al pueblo español que sancione las modificaciones constitucionales oportunas. Este sería el momento adecuado para consultar también la forma de Estado, es decir, monarquía o República.

       Todo ello con el objetivo de lograr un proyecto ilusionante que nos haga ocupar el lugar que nos corresponde, en pie de igualdad con el resto de los pueblos de nuestro planeta.

 

 

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2 pensamientos en “¿HACIA UNA ESPAÑA FEDERAL?

  1. El artículo me parece interesante y podría resolver el problema planteado en nuestro país. La duda que surge es si catalanes y vascos aceptarian una España federal con las obligaciones sobre todo económicas y redistributivas que ello conlleva.

  2. El camino recorrido, tras la Transición Institucional de la Ley a la Ley ha sido positiva. Pero dada la ambigüedad en cuestiones socioeconómicas, territoriales y de garantías de derechos fundamentales, es conveniente acometer no sólo la reforma del Senado, sino del Título I, el Título VII y el Título VIII, al menos.

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