DEL ORDENADOR PERSONAL AL PIZARRÍN

DEL ORDENADOR PERSONAL AL PIZARRÍN

Un problema más, entre los muchos que origina la crisis económica, es que algunos miembros de la clase política la utilizan como excusa de sus barrabasadas y tras ella intentan esconder su incompetencia y su estupidez.

Un ejemplo claro de lo dicho amenaza con proliferar en la Administración Docente de la Junta de Andalucía. Tras las reformas Wertanas, que no cesan y que han vuelto a sorprender con la implantación de las reválidas, que trasladan, a quienes tuvieron que superarlas, a una época poco atractiva en este país, los políticos autonómicos han decidido tomar medidas irracionales, para mal de la mayoría de los alumnos que cursarán la enseñanza obligatoria, por lo que corren el riesgo de unirse con sus barbaridades a las ya cometidas por el señor ministro.

La enseñanza pública es uno de los pilares que tiene que sostener el estado de bienestar y gracias a la misma el analfabetismo ha desaparecido prácticamente de Andalucía, cuando hace solo cincuenta años era una lacra social y una de las carencias más hirientes y la fuente principal de desigualdad, en este territorio, para un alto porcentaje de sus habitantes. De ahí que cuando los demagogos de la política sitúan a la Comunidad Andaluza en un mal lugar, al valorar la calidad de su enseñanza, se equivocan porque lo hace  por medio de datos que se obtienen a través de estudios que se fundamentan en las obsesiones cuantitativas de los estudiosos, que pretenden hacerlos pasar por valoraciones objetivas aunque no tengan en cuenta una variable fundamental, como es la historia de los pueblos, para conocer la calidad real.

Se olvidan del estado de marginación por el que han pasado muchas generaciones de andaluces, de  donde viene una parte importante de los que ahora viven y a las carencias que los han condenado secularmente los gobiernos de Madrid, dedicados a calmar con privilegios sin fin a otras regiones que tras ideas nacionalistas trasnochadas ocultaban y ocultan su nula solidaridad.

Las opiniones sobre el carácter de los colegios que imparten la enseñanza obligatoria en nuestro país son muy variadas. Lo cierto es que en la actualidad y de acuerdo con el contenido de la Constitución del 78 se dan tres tipo de centros para impartirla: los centro de titularidad públicos, los centros de titularidad privada y los centros de titularidad privada que mantienen un concierto con la Administración, que consiste en pagarle directamente a los profesores y en dar una cantidad por aula a los centros para que paguen los gastos de mantenimiento y de funcionamiento. Bajo un control muy estricto en ellos se imparte la enseñanza obligatoria gratuitamente, que se puede complementar con otras actividades que ofrecen para sus alumnos y que los padres pueden contratar libremente, en horario extra. Estas actividades son ajenas a las preceptivas de la enseñanza  obligatoria gratuita.

Según los datos de las últimas estadísticas del Ministerio de Educación y Ciencia, en España, estudian en centros públicos en torno al 68 % del alumnado, en torno al 25% en centros privados concertados y en torno al 7% en centros privados.

Las enseñanza privada y privada concertada, representan en Andalucía uno de los porcentajes más bajo de todas las Comunidades Autónomas de España, del total del alumnado está en torno al 5% en la privada, en torno 20% en la privada concertada y en torno al 75% cursa en centros de carácter público. El máximo porcentaje de estudiantes que están en centros privados concertados, próximo al 45%, se da en el País Vasco y en centros privados en Madrid con más del 18%.

Según los mismos datos de referencia del Ministerio de Educación Y Ciencia el coste de un alumno en la enseñanza pública es más del doble de la enseñanza privada concertada, entre otras razones porque los profesores y directivos de la enseñanza privada concertada cobran menos que los de la enseñanza pública, aunque les paga directamente la Administración y a pesar de que parte del mantenimiento de los colegios públicos corre a cargo de los ayuntamientos.

Que la enseñanza obligatoria sea gratuita tiene que formar parte de cualquier programa socialista, como un derecho irrenunciable de los ciudadanos, pero de acuerdo con los datos que se manejan y las últimas medidas que pretende implantar la Junta de Andalucía es imprescindible mejorar la situación de la enseñanza pública, en el sentido de que es difícil de defender una enseñanza más cara y con menos efectividad que otra más barata, con más aceptación por parte de los ciudadanos y con más eficacia.  Es así aunque se busquen justificaciones en base al tipo de estudiante y a su procedencia social. Posición que es poco razonable ya que hablamos de más del setenta y cinco por ciento de alumnos que van a la enseñanza pública, sin olvidar que al mismo tiempo, y con algunas limitaciones, la mayoría de los alumnos pueden tener acceso a la enseñanza privada concertada dejando además claro que en este sector no sólo están los grandes centros religiosos, también se encuentran empresas privada laicas, entidades sin ánimo de lucro, cooperativas de profesores y entidades de otro carácter que se dedican a esta actividad, con centros de tamaños diferentes y con carácter empresarial.

Lo cierto es que como consecuencia de la crisis y la falta de recursos de la Administración se está dando situaciones realmente incomprensibles por parte de la Administración Docente Autónoma. En primer lugar el programa de ordenadores portátiles para los alumnos de la enseñanza pública y privada concertada se ha eliminado para el curso 2012-2013, lo que puede tener una justificación para la Administración Autónoma en el hecho de que el cincuenta por ciento de la inversión que precisara tendría que proceder de la Administración Central, que para el curso de referencia la ha anulado.

Lo que no se puede aceptar, sin embargo, bajo ningún concepto son las instrucciones dadas a los inspectores, para aplicar en las centros públicos y privados concertados, dirigidas a suprimir cualquier tipo de aportación por partes de la alumnos de material básico, es decir lápices, cuadernos, folios o cualquier otro instrumento para escribir, dibujar, aprender música o leer sustituyéndolo, según palabras de los propios inspectores, por la imaginación, lo que afecta directamente a la libertad de cátedra de los profesores.

Es posible que tal mandato se derive de la falta de recursos de la Administración Autónoma Andaluza para proporcionar gratuitamente a los alumnos de la enseñanza pública estos materiales. Si tal es la situación los políticos están obligados, para paliarla, a prescindir de otros gastos, comenzado por dietas y transportes oficiales de altos cargos y funcionarios.

Sea por el motivo que sea es inadmisible que pretendan controlar a los profesores con métodos estalinistas,  limitando su libertad al impedir que pidan a los alumnos que adquieran algún texto de lectura o complementario, así como lápices, cuadernos o folios.

Nada es peor para la sociedad que pretender igualar por abajo.

Los responsables políticos de la Junta de Andalucía que elaboran ideas tan avanzadas podían, para igualarse o incluso superar al señor ministro en sus acciones reaccionarias, imponer el pizarrín como herramienta de trabajo en los centros de enseñanzas publica y privada concertada, así la vuelta al pasado o retroceso sería más convincente.

Queda en el aire la siguiente pregunta: ¿cuantos de esos responsables políticos, de ideas tan avanzadas para controlar y destruir, tienen a sus hijos en centros de enseñanza privado?

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s