DEL ORDENADOR PERSONAL AL PIZARRÍN

DEL ORDENADOR PERSONAL AL PIZARRÍN

Un problema más, entre los muchos que origina la crisis económica, es que algunos miembros de la clase política la utilizan como excusa de sus barrabasadas y tras ella intentan esconder su incompetencia y su estupidez.

Un ejemplo claro de lo dicho amenaza con proliferar en la Administración Docente de la Junta de Andalucía. Tras las reformas Wertanas, que no cesan y que han vuelto a sorprender con la implantación de las reválidas, que trasladan, a quienes tuvieron que superarlas, a una época poco atractiva en este país, los políticos autonómicos han decidido tomar medidas irracionales, para mal de la mayoría de los alumnos que cursarán la enseñanza obligatoria, por lo que corren el riesgo de unirse con sus barbaridades a las ya cometidas por el señor ministro.

La enseñanza pública es uno de los pilares que tiene que sostener el estado de bienestar y gracias a la misma el analfabetismo ha desaparecido prácticamente de Andalucía, cuando hace solo cincuenta años era una lacra social y una de las carencias más hirientes y la fuente principal de desigualdad, en este territorio, para un alto porcentaje de sus habitantes. De ahí que cuando los demagogos de la política sitúan a la Comunidad Andaluza en un mal lugar, al valorar la calidad de su enseñanza, se equivocan porque lo hace  por medio de datos que se obtienen a través de estudios que se fundamentan en las obsesiones cuantitativas de los estudiosos, que pretenden hacerlos pasar por valoraciones objetivas aunque no tengan en cuenta una variable fundamental, como es la historia de los pueblos, para conocer la calidad real.

Se olvidan del estado de marginación por el que han pasado muchas generaciones de andaluces, de  donde viene una parte importante de los que ahora viven y a las carencias que los han condenado secularmente los gobiernos de Madrid, dedicados a calmar con privilegios sin fin a otras regiones que tras ideas nacionalistas trasnochadas ocultaban y ocultan su nula solidaridad.

Las opiniones sobre el carácter de los colegios que imparten la enseñanza obligatoria en nuestro país son muy variadas. Lo cierto es que en la actualidad y de acuerdo con el contenido de la Constitución del 78 se dan tres tipo de centros para impartirla: los centro de titularidad públicos, los centros de titularidad privada y los centros de titularidad privada que mantienen un concierto con la Administración, que consiste en pagarle directamente a los profesores y en dar una cantidad por aula a los centros para que paguen los gastos de mantenimiento y de funcionamiento. Bajo un control muy estricto en ellos se imparte la enseñanza obligatoria gratuitamente, que se puede complementar con otras actividades que ofrecen para sus alumnos y que los padres pueden contratar libremente, en horario extra. Estas actividades son ajenas a las preceptivas de la enseñanza  obligatoria gratuita.

Según los datos de las últimas estadísticas del Ministerio de Educación y Ciencia, en España, estudian en centros públicos en torno al 68 % del alumnado, en torno al 25% en centros privados concertados y en torno al 7% en centros privados.

Las enseñanza privada y privada concertada, representan en Andalucía uno de los porcentajes más bajo de todas las Comunidades Autónomas de España, del total del alumnado está en torno al 5% en la privada, en torno 20% en la privada concertada y en torno al 75% cursa en centros de carácter público. El máximo porcentaje de estudiantes que están en centros privados concertados, próximo al 45%, se da en el País Vasco y en centros privados en Madrid con más del 18%.

Según los mismos datos de referencia del Ministerio de Educación Y Ciencia el coste de un alumno en la enseñanza pública es más del doble de la enseñanza privada concertada, entre otras razones porque los profesores y directivos de la enseñanza privada concertada cobran menos que los de la enseñanza pública, aunque les paga directamente la Administración y a pesar de que parte del mantenimiento de los colegios públicos corre a cargo de los ayuntamientos.

Que la enseñanza obligatoria sea gratuita tiene que formar parte de cualquier programa socialista, como un derecho irrenunciable de los ciudadanos, pero de acuerdo con los datos que se manejan y las últimas medidas que pretende implantar la Junta de Andalucía es imprescindible mejorar la situación de la enseñanza pública, en el sentido de que es difícil de defender una enseñanza más cara y con menos efectividad que otra más barata, con más aceptación por parte de los ciudadanos y con más eficacia.  Es así aunque se busquen justificaciones en base al tipo de estudiante y a su procedencia social. Posición que es poco razonable ya que hablamos de más del setenta y cinco por ciento de alumnos que van a la enseñanza pública, sin olvidar que al mismo tiempo, y con algunas limitaciones, la mayoría de los alumnos pueden tener acceso a la enseñanza privada concertada dejando además claro que en este sector no sólo están los grandes centros religiosos, también se encuentran empresas privada laicas, entidades sin ánimo de lucro, cooperativas de profesores y entidades de otro carácter que se dedican a esta actividad, con centros de tamaños diferentes y con carácter empresarial.

Lo cierto es que como consecuencia de la crisis y la falta de recursos de la Administración se está dando situaciones realmente incomprensibles por parte de la Administración Docente Autónoma. En primer lugar el programa de ordenadores portátiles para los alumnos de la enseñanza pública y privada concertada se ha eliminado para el curso 2012-2013, lo que puede tener una justificación para la Administración Autónoma en el hecho de que el cincuenta por ciento de la inversión que precisara tendría que proceder de la Administración Central, que para el curso de referencia la ha anulado.

Lo que no se puede aceptar, sin embargo, bajo ningún concepto son las instrucciones dadas a los inspectores, para aplicar en las centros públicos y privados concertados, dirigidas a suprimir cualquier tipo de aportación por partes de la alumnos de material básico, es decir lápices, cuadernos, folios o cualquier otro instrumento para escribir, dibujar, aprender música o leer sustituyéndolo, según palabras de los propios inspectores, por la imaginación, lo que afecta directamente a la libertad de cátedra de los profesores.

Es posible que tal mandato se derive de la falta de recursos de la Administración Autónoma Andaluza para proporcionar gratuitamente a los alumnos de la enseñanza pública estos materiales. Si tal es la situación los políticos están obligados, para paliarla, a prescindir de otros gastos, comenzado por dietas y transportes oficiales de altos cargos y funcionarios.

Sea por el motivo que sea es inadmisible que pretendan controlar a los profesores con métodos estalinistas,  limitando su libertad al impedir que pidan a los alumnos que adquieran algún texto de lectura o complementario, así como lápices, cuadernos o folios.

Nada es peor para la sociedad que pretender igualar por abajo.

Los responsables políticos de la Junta de Andalucía que elaboran ideas tan avanzadas podían, para igualarse o incluso superar al señor ministro en sus acciones reaccionarias, imponer el pizarrín como herramienta de trabajo en los centros de enseñanzas publica y privada concertada, así la vuelta al pasado o retroceso sería más convincente.

Queda en el aire la siguiente pregunta: ¿cuantos de esos responsables políticos, de ideas tan avanzadas para controlar y destruir, tienen a sus hijos en centros de enseñanza privado?

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RENOVACIÓN DE LA SOCIALDEMOCRACIA

RENOVACIÓN DE LA SOCIALDEMOCRACIA

François Hollande, el socialista francés y nuevo presidente de la República, lanzó en su día el mensaje de que era necesario renovar la Socialdemocracia en toda Europa. El hecho ha puesto un punto de esperanza en el ánimo de una parte de los ciudadanos europeos y posiblemente sea el momento para que la idea de una Europa unida y solidaria vuelva a estar en la mente de las buenas gentes y en los programas de los partidos políticos.

El objetivo está, sin embargo, distante y alcanzarlo ofrece tantas dificultades que es difícil ser optimista ante tal misión. El recorrido que han seguido los partidos socialistas de Europa durante muchos años ha sido tan nefasto, que se han situado en un punto de difícil retorno, ya que su sumisión a las actuaciones más definitorias del capitalismo ha sido total, por lo que ya no hay en las estructuras mentales de la militancia joven de izquierdas, y aun menos en la de los ciudadanos en general, ideas claras que estructuren y den base a una mentalidad ética y austera claramente socialista y que puedan generar y sustentar una ideología que termine por plasmarse en acciones concretas de gobierno.

La situación en el ámbito europeo tiene un ejemplo concreto, sobre la renuncia al ideario socialdemócrata en el último gobierno socialista de nuestro país, único de tal ideología durante algún tiempo en la Unión Europea. Cuando se pretende defender sus acciones de gobierno en el terreno social para salvar su mandato e identidad progresista, conviene recordar que la mayoría de las acciones de la derecha europea en este terreno han seguido caminos similares a los de la izquierda y en la actualidad las actuaciones que en España se tienen como avances basta con mirar a Europa para saber que no es así.

Los derechos ciudadanos que se derivan de la regulación del divorcio y del aborto, las ayudas sociales de todo tipo, incluida la dependencia, están plenamente aceptadas por los partidos de la derecha civilizada europea y en relación a la igualdad de genero, que siempre se ha hecho por arriba, basta con recordar que los mayores daños a los estados de bienestar, a las políticas sociales en general y a los derechos de los ciudadanos las han llevado a término dos mujeres de derechas, al frente de los gobiernos del Reino Unido de la Gran Bretaña y de la República Federal Alemana, en diferentes etapas pero con resultados similares para los más débiles de sus respectivos países con repercusiones en todos los de la Unión Europea. Se puede poner como una acción concreta excepcional el reconocimiento del matrimonio homosexual que ya cuenta con respaldo comunitario.

Sólo la jerarquía de la Santa Madre y algunos de sus secuaces mantienen posiciones ultramontanas, en relación con los derechos de carácter social mencionados, en Europa. Lo que ocurre con especial virulencia  en nuestro país, donde los gobiernos socialistas, han puesto en tela de juicio su laicismo, al dar un trato de privilegio a la Iglesia Católica y estar presente en actos de carácter religioso, lo  que sin duda merece las críticas correspondientes que se harán en su momento.

Los problemas están en otras dimensiones de la acción política que afectan directamente a la solidaria, al reparto de la riqueza, a la igualdad de oportunidades, a la tributación, a los servicios básicos que el estado debe prestar a los ciudadanos, al papel del propio estado e incluso de la democracia. Campos donde el sometimiento y el seguidísimo, de los líderes socialistas a las políticas neoliberales, ha sido vergonzoso y ha causado un daño incalculable a todos los pueblos de este viejo continente, además de neutralizar las acciones progresistas con un debilitamiento extremo de los estados.

El sistema tributario ha sufrido modificaciones para favorecer descaradamente a los ciudadanos con más recursos y disminuir las capacidades recaudatorias de los gobiernos, con un deterioro permanente de los estados.

La sanidad pública se ha debilitado, con claro fomento desde el poder de la sanidad privada, que ha llegado ha propagar la idea de que conviene a los ciudadanos mantener seguros privados por si acaso.

Los sistemas privados de pensiones se han fomentado por el poder con descaro, desde donde se ha propagado con insistencia la idea de  inviabilidad de las pensiones públicas en el futuro, cuando su mantenimiento está unido a la fortaleza de los estados y a sus capacidades recaudatorias. Comportamiento tan impresentable es la respuesta de los lideres políticos, incluidos los de la izquierda, a la presión de los poderes financieros ansiosos por gestionar todos los recursos destinados a ese fin, para el enriquecimiento de unos cuantos, fortalecer los poderosos mercados, a donde irían a parar cantidades ingentes de recursos que prestarían para especular y hundir a los estados, sólo para llegar a resultados nefastos para los suscritores de los planes de pensiones que se están dando, víctimas propiciatorias desde hace años de perdidas en sus ahorros con excepción de los planes supermillonarios que suscriben los banqueros. Los gobiernos socialistas han apoyado estos tinglados con beneficios fiscales aparentes y así siguen operando para desgracia de los ciudadanos.

Las instituciones financieras públicas se han llevado a la ruina, por gestores tolerados y en ocasiones mantenidos por gobiernos de izquierdas, que se han enriquecido y ni han rendido cuentas, ni han pagado ante las justicia por sus desafueros. El resultado final ha sido privatizarlas con el apoyo de recursos públicos que era el objetivo neoliberal aunque lo ha alcanzado la izquierda.

Los programas de privatizaciones de sectores industriales, de servicio y financieros estratégicos han sido apoyados con entusiasmo por gobiernos socialistas, que en nuestro país han llegado más lejos que en otros países europeos  con gobiernos de derechas. Los resultados han sido nefastos para los ciudadanos en general, al prestarles servicios más caros y de peor calidad, y beneficio de minorías privilegiadas que se han hecho con la propiedad de las empresas públicas más rentables a  bajo precio.

El reparto de la riqueza ha llegado a la cumbre de la desigualdad con gobiernos socialistas y de la igualdad de oportunidades es evidente el retraso.  Los abanicos salariales se han abierto hasta llegar a situaciones esperpénticas.

El apoyo a la desregulación y descontrol de los mercados financieros con la prevalencia de los paraísos fiscales, a los que los partidos de izquierdas han sido incapaces de hacer frente con contundencia.

Esta realidad tiene un claro reflejo en las estructuras mentales de la militancia socialdemócratas, que se siente ajena a la acción política al comprobar que no cuentan con ella los órganos directores que se alejan de la ideología, que supuestamente dicen defender, y que sólo recurren a ellos con mensajes demagógicos en los periodos electorales y en acciones contraproducentes.

La disminución de la afiliación es evidente y la tendencia asusta. Sería imprescindible una renovación considerable del papel del militante en la acciones del partido, además de promover una mayor participación en todos los niveles y hacer que vuelvan a penetrar en las estructuras sociales con mensajes honestos y que se lleven a la práctica. Tomar medidas radicales para limitar los tiempos en que un afiliado pueda ocupar puestos de responsabilidad en los órganos de gobierno de partido, así como en los poderes legislativo o ejecutivo del estado en todos los niveles, aplicar con contundencia las incompatibilidades, factores que alentaría una renovación permanente de los partidos políticos y al mismo tiempo evitaría determinadas tentaciones al permanecer demasiado tiempo en el poder y hacer que la acción política no se convierta en una profesión y que la ejerciera cualquier ciudadano, temporalmente, para volver cuando la dejara a su trabajo habitual.

La doctrina política es necesaria, pero inútil si no se refleja en acciones concretas de  gobierno.