S.O.S TENGO QUE HACER UN TRÁMITE EN EL AYUNTAMIENTO

S.O.S TENGO QUE HACER UN TRÁMITE EN EL AYUNTAMIENTO

Un vecino de una ciudad importante de Andalucía decidió, cuando la burbuja inmobiliaria pinchó, adquirir dos viviendas para sus hijos. Estudió el mercado, hizo cálculos y llegó a la conclusión de que el coste si las compraba ya construidas sería el doble que si las promovía él. Los recursos que quería destinar a tal fin cubrían la operación si las viviendas las construía él, pero ni se aproximaban en caso de intentar comprarlas ya construidas.

Se puso a la tarea y buscó un solar, en una zona de viviendas bajas, con la superficie necesaria para hacer lo que quería. Lo encontró a un precio no disparatado y tras unos días de regateo con el vendedor, sin intermediarios, que le aportó un recorte del precio significativo, cerró la operación ante notario.

Él sabía bien lo que quería construir por lo que le resultó relativamente fácil que el primer arquitecto con el que contactó, un profesional práctico y poco dado a determinados comportamientos disparatados, propios de la profesión, aceptara el encargo.

El hombre estaba asombrado de la rapidez con la que marchaba el plan, pues en menos de un mes tenía el solar y en marcha la ejecución del proyecto de construcción, menos tiempo del que había previsto cuando estudió la idea con la mujer y decidieron llevarla a la práctica.

Siguió adelante con su plan y tuvo que pagar un estudio geotécnico del terreno, lo que no llegaba a entender en un solar del centro de la ciudad, cuyos suelos tenían que estar más que estudiados y cuyos datos estarían recogidos en más de un archivo. Lo obligaron también a encargar un proyecto específico de telecomunicación, un poco exagerado y caro, en su opinión, para dos viviendas, así como suscribir un contrato con una empresa especializada en control de calidad lo que era excesivo dado que ya se exigía al contratista que llevara dicho control, lo que se recogía en una partida especifica del proyecto constructivo con una asignación estimable para ese fin. Contrató la instalación de paneles solares para calentar el agua lo que consideró lógico, aunque pensó que era inaceptable que fuera una obligación sin paliativos.

El hombre cumplió con todas esas obligaciones que le imponía el ayuntamiento y feliz con su proyecto se preguntó que nueva exigencia absurda le impondría la Administración Local para seguir adelante, y en efecto esa exigencia estaba esperándolo. Antes de entregar el proyecto en el órgano municipal responsable del urbanismo que tenía que conceder la licencia para construir, le imponían presentarlo en el colegio de arquitectos de la provincia para que lo visaran.

El hombre expuso sus dudas sobre la exigencia, pues recordó que se legisló para que tal visado no fuera obligatorio,  pero el ayuntamiento le dijo que era preceptivo someter el proyecto a ese control y no tenía alternativa. Lo que suponía que para la institución el arquitecto autor del proyecto no le ofrecía garantía suficiente y era necesario que otro colega del colegio revisara si era apto para ejercer la profesión y otras zarandajas. Para el promotor suponía pagar el visado y sobre todo esperar que se cumpliera con el trámite, es decir un retraso para construir que era lo que él pretendía hacer cuanto antes. Ambos conceptos no fueron en la práctica excesivos, aunque tuvo que sumar más de veinte días al tiempo que tenía previsto y unos cientos de euros al coste del proyecto.

Vino a continuación la presentación del proyecto visado en el organismo del ayuntamiento para conseguir la licencia municipal para construir. Cuando presentó el proyecto lo primero que tuvo que hacer fue pagar las tasas correspondientes para cubrir el servicio que la institución le iban a prestar, el importe estuvo en torno al uno por ciento de la ejecución material, aunque lo peor fue que tuvo que esperar más de dos meses para que le indicaran las correcciones que tenía que hacer en el proyecto. Eran pocas y sin importancia, ampliar unos centímetros la anchura de la puerta de entrada, el cambio de ubicación de una caja de registro y algunas insignificancias más, pocas cosas pero que supusieron un retraso considerable en los trámites. Tras aquel episodio le comunicó el ayuntamiento que tenía que pagar el impuesto correspondiente para construir, el hombre se personó en el órgano recaudador el día siguiente de recibir la requisitoria, el impuesto estaba en torno al cinco por ciento del importe de la ejecución material, aunque a él y tras hacer cola durantes unas horas una auxiliar administrativa con mando en plaza le indicó que le costaría un veinte por ciento más porque no acudió a pagar en el periodo voluntario establecido, lo que a él nadie le comunicó. Pagó el impuesto con el incremento, para que continuaran los trámites, aunque se sintió como un infeliz al que timaban con un aumento que no tenía sentido.

Conseguir la licencia, tras hacer las correcciones que le exigían, supuso más de seis meses de espera. El contratista, al que le encargó la obra, que se encontraba al borde de la quiebra por las deudas que el municipio tenía con él y necesitaba ejecutar aquel trabajo, estaba a la espera y periódicamente le aconsejaba comenzar sin licencia pues en definitiva en la comunidad había cientos de miles de viviendas sin ella y estaban en píe y contaban con los suministros, de agua y luz, correspondientes además de pagar los impuestos municipales.

El buen señor era un fanático de la legalidad y hasta no tener la licencia municipal entres sus manos se negó a iniciar la construcción. El contratista le prometió liquidar la obra en seis meses, sabía que era una exageración pues siempre aparecerían complicaciones que retrasarían la ejecución y así fue, algunos inconvenientes aunque de poco importantes hicieron que los seis meses se transformaron en nueve para que las viviendas estuvieran terminadas y sólo le faltara la licencias para la primera ocupación, que se la tenía que dar el organismo municipal correspondiente.

Comenzó así la última etapa de aquel recorrido por lo recovecos de la burocracia más cerril que se podía conocer. Pagó otra tasa para que los técnicos municipales visitaran la construcción y dieran la autorización y formuló la solicitud. Tuvo que esperar dos meses para que se personasen, detectaron varias irregularidades a corregir la más significativa la altura de una barandilla, por lo que dieron un informa negativo y el contratista tuvo que hacer las correspondientes modificaciones, lo que supuso una semana, para que tras comprobarlas los técnicos dieran el informe favorable y se tramitara la correspondiente licencia. Habían pasado dos meses desde que hizo las modificaciones cuando recibió otro escrito del ayuntamiento para que presentara una documentación notarial en un plazo máximo de diez días bajo la amenaza de iniciarle un expediente sancionador. El hombre intentó conseguir el documento que le pedían, pero el notario le exigía la licencia de primera ocupación que esperaba conseguir desde hacía más de cuatro meses. El hombre acudió al órgano municipal que lo amenazaba y tuvo la suerte de que lo atendiera una auxiliar administrativa razonable que le amplió el plazo. No tuvo la misma suerte con otro organismo municipal que le exigió reponer unos adoquines del acerado que al parecer con la obra había descantillado. Tuvo que hacer lo que le exigían, en contra de la opinión del contratista, pues en caso contrario no tendría le licencia correspondiente. La nueva exigencia municipal retraso otros dos meses el recibir la licencia municipal para la primera ocupación, lo que permitió que él a su vez entregara la documentación notarial que el municipio le reclamaba.

El hombre estaba contentó porque le solucionó el problema de la vivienda a sus hijos, lo que no era poco, y el incremento del presupuesto que calculó para la operación era razonable y asumible. No obstante hizo una valoración global de la ejecución y los datos le dejaron una sensación penosa. Desde que comenzó con el proyecto habían transcurrido más de dos años y medio, demasiado tiempo en su opinión, aunque lo peor era la distribución del mismo pues la redacción del proyecto requirió tres meses, la ejecución material nueve meses, el resto es decir más de año y medio era el que acaparó la burocracia cerril, directa o indirecta, del ente local.

El buen hombre pensó que era lógico que el gerente del organismo urbanístico del ayuntamiento ganara bastante más que el alcalde, porque el mercado libre de gerentes estaba a ese nivel y para que el órgano funcionara correctamente y diera un servicio rápido y eficaz a los ciudadanos necesitaba de uno de esos tipos bien pagados y con afiliación política conocida, los funcionarios sobraban. También entendió que su comunidad fuera la última de todas las del país, en cuanto a renta y demás variables que definían el desarrollo y la riqueza, dado que para montar una actividad industrial, de cualquier tipo o tamaño, en un municipio como aquel era necesario tener una voluntad de hierro y una paciencia sin límites o sumergirse en la clandestinidad.

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