S.O.S TENGO QUE HACER UN TRÁMITE EN EL AYUNTAMIENTO

S.O.S TENGO QUE HACER UN TRÁMITE EN EL AYUNTAMIENTO

Un vecino de una ciudad importante de Andalucía decidió, cuando la burbuja inmobiliaria pinchó, adquirir dos viviendas para sus hijos. Estudió el mercado, hizo cálculos y llegó a la conclusión de que el coste si las compraba ya construidas sería el doble que si las promovía él. Los recursos que quería destinar a tal fin cubrían la operación si las viviendas las construía él, pero ni se aproximaban en caso de intentar comprarlas ya construidas.

Se puso a la tarea y buscó un solar, en una zona de viviendas bajas, con la superficie necesaria para hacer lo que quería. Lo encontró a un precio no disparatado y tras unos días de regateo con el vendedor, sin intermediarios, que le aportó un recorte del precio significativo, cerró la operación ante notario.

Él sabía bien lo que quería construir por lo que le resultó relativamente fácil que el primer arquitecto con el que contactó, un profesional práctico y poco dado a determinados comportamientos disparatados, propios de la profesión, aceptara el encargo.

El hombre estaba asombrado de la rapidez con la que marchaba el plan, pues en menos de un mes tenía el solar y en marcha la ejecución del proyecto de construcción, menos tiempo del que había previsto cuando estudió la idea con la mujer y decidieron llevarla a la práctica.

Siguió adelante con su plan y tuvo que pagar un estudio geotécnico del terreno, lo que no llegaba a entender en un solar del centro de la ciudad, cuyos suelos tenían que estar más que estudiados y cuyos datos estarían recogidos en más de un archivo. Lo obligaron también a encargar un proyecto específico de telecomunicación, un poco exagerado y caro, en su opinión, para dos viviendas, así como suscribir un contrato con una empresa especializada en control de calidad lo que era excesivo dado que ya se exigía al contratista que llevara dicho control, lo que se recogía en una partida especifica del proyecto constructivo con una asignación estimable para ese fin. Contrató la instalación de paneles solares para calentar el agua lo que consideró lógico, aunque pensó que era inaceptable que fuera una obligación sin paliativos.

El hombre cumplió con todas esas obligaciones que le imponía el ayuntamiento y feliz con su proyecto se preguntó que nueva exigencia absurda le impondría la Administración Local para seguir adelante, y en efecto esa exigencia estaba esperándolo. Antes de entregar el proyecto en el órgano municipal responsable del urbanismo que tenía que conceder la licencia para construir, le imponían presentarlo en el colegio de arquitectos de la provincia para que lo visaran.

El hombre expuso sus dudas sobre la exigencia, pues recordó que se legisló para que tal visado no fuera obligatorio,  pero el ayuntamiento le dijo que era preceptivo someter el proyecto a ese control y no tenía alternativa. Lo que suponía que para la institución el arquitecto autor del proyecto no le ofrecía garantía suficiente y era necesario que otro colega del colegio revisara si era apto para ejercer la profesión y otras zarandajas. Para el promotor suponía pagar el visado y sobre todo esperar que se cumpliera con el trámite, es decir un retraso para construir que era lo que él pretendía hacer cuanto antes. Ambos conceptos no fueron en la práctica excesivos, aunque tuvo que sumar más de veinte días al tiempo que tenía previsto y unos cientos de euros al coste del proyecto.

Vino a continuación la presentación del proyecto visado en el organismo del ayuntamiento para conseguir la licencia municipal para construir. Cuando presentó el proyecto lo primero que tuvo que hacer fue pagar las tasas correspondientes para cubrir el servicio que la institución le iban a prestar, el importe estuvo en torno al uno por ciento de la ejecución material, aunque lo peor fue que tuvo que esperar más de dos meses para que le indicaran las correcciones que tenía que hacer en el proyecto. Eran pocas y sin importancia, ampliar unos centímetros la anchura de la puerta de entrada, el cambio de ubicación de una caja de registro y algunas insignificancias más, pocas cosas pero que supusieron un retraso considerable en los trámites. Tras aquel episodio le comunicó el ayuntamiento que tenía que pagar el impuesto correspondiente para construir, el hombre se personó en el órgano recaudador el día siguiente de recibir la requisitoria, el impuesto estaba en torno al cinco por ciento del importe de la ejecución material, aunque a él y tras hacer cola durantes unas horas una auxiliar administrativa con mando en plaza le indicó que le costaría un veinte por ciento más porque no acudió a pagar en el periodo voluntario establecido, lo que a él nadie le comunicó. Pagó el impuesto con el incremento, para que continuaran los trámites, aunque se sintió como un infeliz al que timaban con un aumento que no tenía sentido.

Conseguir la licencia, tras hacer las correcciones que le exigían, supuso más de seis meses de espera. El contratista, al que le encargó la obra, que se encontraba al borde de la quiebra por las deudas que el municipio tenía con él y necesitaba ejecutar aquel trabajo, estaba a la espera y periódicamente le aconsejaba comenzar sin licencia pues en definitiva en la comunidad había cientos de miles de viviendas sin ella y estaban en píe y contaban con los suministros, de agua y luz, correspondientes además de pagar los impuestos municipales.

El buen señor era un fanático de la legalidad y hasta no tener la licencia municipal entres sus manos se negó a iniciar la construcción. El contratista le prometió liquidar la obra en seis meses, sabía que era una exageración pues siempre aparecerían complicaciones que retrasarían la ejecución y así fue, algunos inconvenientes aunque de poco importantes hicieron que los seis meses se transformaron en nueve para que las viviendas estuvieran terminadas y sólo le faltara la licencias para la primera ocupación, que se la tenía que dar el organismo municipal correspondiente.

Comenzó así la última etapa de aquel recorrido por lo recovecos de la burocracia más cerril que se podía conocer. Pagó otra tasa para que los técnicos municipales visitaran la construcción y dieran la autorización y formuló la solicitud. Tuvo que esperar dos meses para que se personasen, detectaron varias irregularidades a corregir la más significativa la altura de una barandilla, por lo que dieron un informa negativo y el contratista tuvo que hacer las correspondientes modificaciones, lo que supuso una semana, para que tras comprobarlas los técnicos dieran el informe favorable y se tramitara la correspondiente licencia. Habían pasado dos meses desde que hizo las modificaciones cuando recibió otro escrito del ayuntamiento para que presentara una documentación notarial en un plazo máximo de diez días bajo la amenaza de iniciarle un expediente sancionador. El hombre intentó conseguir el documento que le pedían, pero el notario le exigía la licencia de primera ocupación que esperaba conseguir desde hacía más de cuatro meses. El hombre acudió al órgano municipal que lo amenazaba y tuvo la suerte de que lo atendiera una auxiliar administrativa razonable que le amplió el plazo. No tuvo la misma suerte con otro organismo municipal que le exigió reponer unos adoquines del acerado que al parecer con la obra había descantillado. Tuvo que hacer lo que le exigían, en contra de la opinión del contratista, pues en caso contrario no tendría le licencia correspondiente. La nueva exigencia municipal retraso otros dos meses el recibir la licencia municipal para la primera ocupación, lo que permitió que él a su vez entregara la documentación notarial que el municipio le reclamaba.

El hombre estaba contentó porque le solucionó el problema de la vivienda a sus hijos, lo que no era poco, y el incremento del presupuesto que calculó para la operación era razonable y asumible. No obstante hizo una valoración global de la ejecución y los datos le dejaron una sensación penosa. Desde que comenzó con el proyecto habían transcurrido más de dos años y medio, demasiado tiempo en su opinión, aunque lo peor era la distribución del mismo pues la redacción del proyecto requirió tres meses, la ejecución material nueve meses, el resto es decir más de año y medio era el que acaparó la burocracia cerril, directa o indirecta, del ente local.

El buen hombre pensó que era lógico que el gerente del organismo urbanístico del ayuntamiento ganara bastante más que el alcalde, porque el mercado libre de gerentes estaba a ese nivel y para que el órgano funcionara correctamente y diera un servicio rápido y eficaz a los ciudadanos necesitaba de uno de esos tipos bien pagados y con afiliación política conocida, los funcionarios sobraban. También entendió que su comunidad fuera la última de todas las del país, en cuanto a renta y demás variables que definían el desarrollo y la riqueza, dado que para montar una actividad industrial, de cualquier tipo o tamaño, en un municipio como aquel era necesario tener una voluntad de hierro y una paciencia sin límites o sumergirse en la clandestinidad.

EL CONGRESO DEL PSOE DE SEVILLA

EL CONGRESO DEL PSOE DE SEVILLA

El PSOE en Sevilla a principios de los años 70 era un partido marxista, republicano y de representación personal y directa, es decir, a las Asambleas Provinciales íbamos todos los miembros de la Organización y cada uno mantenía sus propias posiciones políticas. En esa época lo único que se repartía era el riesgo y el partido era aún clandestino. En su programa máximo se prometía la abolición de las clases y la conversión en una sola de trabajadores “libres, iguales, honrados e inteligentes”.

Convivimos con hombres y mujeres socialistas de la República, que habían luchado en la Guerra Civil y sufrido cárceles y persecuciones sin cuento. Todos eran un ejemplo de dignidad y de honradez socialista. En honor de uno de ellos, Isidoro Romero de la Osa, el hombre que en octubre de 1974 se convirtió en Suresnes en el primer Secretario General del “interior”: Felipe González Marques, adoptó el sobrenombre de “Isidoro”.

Eran tiempos de solidaridad cuasi familiar, quizá porque nos enfrentábamos sólo con ideas a una de las dictaduras más crueles y sanguinarias de Europa.

Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces y muchas cosas han cambiado en el PSOE, algunas para mejor y otras no tanto. Desde luego en España la transición y estas tres décadas largas de democracia, constituyen el más dilatado periodo de libertad de nuestra historia. Algo hemos contribuido a este resultado desde las filas socialistas.

Ahora estamos otra vez en Sevilla ante un Congreso Provincial que, como también es costumbre, parece que va a enfrentar a dos candidaturas que aspiran a la dirección del partido.

Los últimos datos de los que disponemos dicen que los porcentajes pueden estar en torno a un 65% /35% para cada una de las candidaturas.  Esto es solo indicativo y puede variar e incluso invertirse. Cosas más extrañas se han visto en esta agrupación provincial.

En todo caso la alianza de una de las candidaturas con la Diputación Provincial y su influencia en las Agrupaciones Locales hacen de esta candidatura la favorita  de este congreso, tanto más si consideramos que cuenta con el apoyo de Griñán y el aparato regional que controla la mismas candidatura. Y este es el problema, el control o mejor dicho exceso de control por parte de nuestra querida compañera. Porque que sepamos acumula la Secretaría General de Triana, ocuparía caso de ganar la Secretaría General Provincial y es miembro del comité Federal. Es decir tres ámbitos territoriales de la Organización: local, provincial y federal. Para colmo es la Consejera de la Presidencia e Igualdad, de la Junta de Andalucía, y la encargada del día a día con IU. La otra candidatura tiene a su cargo la alcaldía de uno de los municipios más importantes de la provincia de Sevilla, que es además el más industrializado de Andalucía y es Senador.

Para que ambas candidaturas pudieran ejercer el cúmulo de cargos por si mismas, deberían gozar del don de la ubicuidad. Como obviamente esto no es así, el trabajo se lo harán otros y no podrán cubrir el inabarcable campo de sus deberes y obligaciones.

Si este acaparamiento de poder político es el modelo que propugnan los del “relevo generacional”, vamos en sentido contrario de las demandas que hoy nos está haciendo la ciudadanía.

Las incompatibilidades se tienen que aplicar con contundencia: un militante un cargo solo con las excepciones que exija el funcionamiento de la Organización, pero en ningún caso más de dos: un cargo orgánico y un cargo público.

LA HUELGA GENERAL Y LAS RESPONSABILIDADES DE LA CLASE POLÍTICA

LA HUELGA GENERAL Y LAS RESPONSABILIDADES DE LA CLASE POLÍTICA

 

Una huelga general tuvo lugar en nuestro país el pasado 29 de marzo, a la que han seguido y seguirán otras sectoriales, en torno a la misma, a su éxito o a su fracaso, a su pertinencia o no, a las posibles consecuencias y a otros muchos aspectos se han manifestado públicamente numerosos políticos, de todos los signos, con valoraciones y augurios variopintos.

Lo único cierto es que la clase trabajadora ha manifestado públicamente su rechazo y rebeldía ante una realidad que le es más contraria de lo que puede soportar. Lo ha hecho porque se siente la víctima principal de la actual crisis económica, porque la tratan como si ella la hubiese provocado, porque los gobiernos están decididos a hacer que los trabajadores sean aún más vulnerables a la explotación y a sus miserias por medio de reformas legales que debilitan sus derechos y los hacen pagadores de políticas erróneas a las que son ajenos, al tiempo que refuerzan los privilegios de unas minorías que acaparan los recursos.

La clase política habla de la reforma laboral y de la huelga como si buscaran convertirla en un hecho aislado o como mucho la respuesta a una acción de gobierno, pero detrás hay una historia reciente mucho más honda y amplia que los ciudadanos tienen que conocer, porque aunque se habla mucho de ello la clase política no ha explicado aún con claridad todos los hechos, las consecuencias de lo malos gobiernos, de las que algunos sacaron, sacan y sacarán ventajas, y las medidas para exigir responsabilidades.

Los responsables políticos no quieren que en los esquemas mentales de los trabajadores quede claro el recorrido que ha seguido el país hasta llegar a esta huelga general, para que puedan exigir que paguen los culpables y luchar en el futuro contra procesos similares en sus inicios, cuando pueden tener arreglo.

Los trabajadores están también a la espera de saber las medidas concretas que tomará la clase política para salir de esta situación y propiciar un futuro que sea menos desfavorable para ellos, pues en definitiva son la mayoría que da o que quita el poder, en las urnas, de lo que deben ser conscientes, y están en su derecho el reivindicar conocer los planes para el futuro y sus fundamentos.

La primera parte de la respuesta política sería dejar claro el camino que se ha recorrido hasta llegar a la situación en que nos encontramos, donde figuren los beneficiados y los perjudicados, y si no hubo alternativas. A estas alturas aún se espera que desde el poder se señale con precisión el origen y el desarrollo de las causas y sobre quienes recaen las responsabilidades, difusas o concretas, de que hayamos terminado en esta ruina social en la que vivimos, para que carguen con las consecuencias y respondan de sus acciones, porque hacerlo en términos generales sobre los gobiernos es insuficiente.

La clase política tiene que explicar y concretar, cuando antes, cual es su posición y sus propuestas de futuro, ya que hasta ahora ha mentido, ha ocultado responsabilidades, ha incumplido promesas y ni tan siquiera ha previsto la forma de purgarlas.

La clase política tiene que aclarar a los ciudadanos por qué se aprobó una ley del suelo, epicentro del sismo ya que propició la generación de una burbuja inmobiliaria que todos miraban y valoraban, pero ante la que los poderes no actuaban por lo que se mantuvo y aumentó.

La clase política está obligada a explicar las razones por las que permitió que se especulara con el suelo hasta extremos demenciales, para que se generan unas plusvalías negras, que estarán bien guardadas en paraísos fiscales.

La clase política tiene que justificar las razones por las qué permaneció impávida ante el desmadre de la corrupción hasta generar comportamientos bochornosos, especialmente en la administración local, al permitir que los municipios se comportaran como nuevos ricos metidos en el despilfarro a costa de la reconversión del suelo y de la construcción descontrolada, al tiempo que se eliminaban determinados impuestos fundamentales para la Administración Local y para que más tarde se manifestara, públicamente y con orgullo, que bajar los impuestos era de izquierda.

La clase política tiene que explicar las razones por las que se mantuvo y alimentó una burbuja pestilente, aunque en el ánimo de los ciudadanos la inquietud estaba presente y aumentaba cuando apreciaba que el precio de la vivienda llegaba a límites inasequibles, aunque accedían a ella personas cuyos ingresos anuales estaban a demasiada distancia de poder hacer frente a tales adquisiciones.

La clase política tiene que justificar por qué a pesar de tal realidad, las entidades financieras facilitaban recursos aunque preveían que los adjudicatarios no podrían reintegrarlos, lo que ocurría ante la pasividad de los responsables de controlar y poner fin a tantos disparates.

La clase política tiene que explicar las razones de que cuando le preguntaban por los precios de los bienes inmobiliarios, que eran demenciales, hacían una exaltación al liberalismo económico y político y remachaban el canto con la consigna de que si las viviendas se vendían era porque se podían pagar.

La clase política insiste en sus argumentos absurdos, como si fuera ajena al asunto, y se escuda tras las exigencias de Europa, donde desde hace demasiados años no tiene ninguna influencia y ha sido incapaz de hacer frente con eficacia a la insolidaridad alemana.

La clase política tiene que explicar como funciona el montaje de los difusos mercados especuladores, así como dar las razones de que cuando nuestra deuda pública estaba por debajo de la mayoría de los países del euro las presiones al nuestro eran mayores, mientras no promueven acciones para regularlos y luchar contra los paraísos fiscales y la omnipotencia y arbitrariedad de las agencias de valoración que forman parte interesada del montaje especulativo.

La clase política tiene que explicar porque el resultado de tanto desmán es que los poderes presionan a las partes más débiles de la sociedad para que se asuste, se encoja, se callen, y aguanten, mientras la respuesta política para los trabajadores, en tal situación, es una reforma laboral que en nada suple tantas carencias.

Lo que tienen que explicar esa clase política es porque, contra el pensar y el interés de los ciudadanos, fue incapaz de tomar medidas para controlar el endeudamiento desmedido de personas y empresas, gracias al desmadre de los financieros que se enriquecieron más, y lograr que la crisis afectara de forma más contundente a nuestro país que a los demás.

La clase política tiene que explicar con claridad que la causa de tantos parados, no sólo los motiva la crisis, está también originada por la economía sumergida, por el fraude fiscal y como no por los graves problemas estructurales que con frecuencia paralizan a este país. Problemas  que la clase política es incapaces de solucionar porque hacerlo afectaría a determinados grupos de presión, que al parecer tienen más capacidad de  influir en la política que los trabajadores.

Los ciudadanos tienen que conocer con datos fiables, porque así se le comunique la clase política, el futuro que planifican y que nadie conoce, ya que cuando algunos responsables hablan de la construcción tienen que dejar claro que ese no puede ser el camino a medio plazo y que cuando se trata sobre el paro en ese sector no se refieren solo a los trabajadores que construyen las edificaciones, detrás se encuentran sectores industriales que han sido fundamentales en este país pero que están próximos a desaparecer y con ellos gran parte del tejido industrial, son cementeras, yeseras, ladrilleras, canteras, fundiciones, industrias de la madera, de la ferralla, de la carpintería metálica, de los electrodomésticos, de la ferretería, de la cerámica, de la herrería, del plástico, de la cristalería, de la jardinería, del mueble, de la fontanería, de la instalación eléctrica, de la iluminación, del trasporte y otras muchas  actividades industriales y profesionales que se incluyen en el sector.

La crisis que vivimos debe marcar un punto y aparte en la historia de la clase política, lo errores que inciden en todo un pueblo para su mal se tienen que pagar. No basta con aceptar  que los cometieron inducidos, con frecuencia, por las ansias de retener o conseguir el poder. Es insuficiente la pérdida de elecciones, tienen que pagar un precio personal para asumir que aceptar ejercer el poder no puede ser un acto de frivolidad.

Los políticos que han tenido y tienen parte en los muchos engaños y desaguisados que ha sufrido la sociedad española, por acción o por omisión, no son validos para ostentar ninguna parcela de poder, tienen que renunciar y pagar en otros ámbitos, y que los sustituyan personas dignas.