DEL PODER JUDICIAL

DEL PODER JUDICIAL

En los años en que el desacato lo utilizaban los jueces cuando y como lo consideraban oportuno, estuvieran o no constituidos en tribunal de justicia, como uno de los poderes del estado, para ejercer la jurisdicción,  tuvo lugar un suceso, en una capital de provincia de este país, que pudo tener una gran trascendencia social lo que no ocurrió porque su divulgación fue limitada, ya que como es de suponer no figuró como noticia en los medios de comunicación.

El hecho se llegó a conocer, no obstante, lo suficiente para que tuviera una incidencia especial sobre algunas personas que aspiraban a vivir en un estado de derecho, pues tal suceso confirmaba que a pesar de las esperanzas de cambio de muchos ciudadanos la dictadura persistía y mantenía en todo su esplendor la forma de hacer justicia propia del régimen.

Un juez adicto a la bebida y a frecuentar los ambientes lúdicos nocturnos de la ciudad, tuvo un encuentro accidental con un individuo que tenía aficiones similares a las del señor magistrado.  Ocurrió en un local donde los libertinos se divertían, en opinión de las mentes más puritanas, y que entonces se llamaban salas de fiesta, aunque en la realidad eran prostíbulos edulcorados con espectáculo musical de bajo nivel y prostitutas de buena presencia y de alto precio.

El señor magistrado, que se conocía en la ciudad por su dureza cuando juzgaba a los ladrones de gallinas, indigentes que hurtaban alimentos impulsados por la necesidad básica de supervivir, bebía en la barra y se encontraba ya bajo los efectos del alcohol. Un ciudadano, que estaba sometido por una gran borrachera, ansioso por conseguir más bebida desplazo al juez en la barra con un ligero empujón.

El individuo se disculpó por el empellón como buenamente pudo, dado su estado de extrema embriaguez, pero el señor magistrado se sintió agredido y ofendido, por lo que tras identificarse como autoridad y decirle, con insistencia, al que tenía por agresor que él no sabía a quién había empujado, aunque ambos frecuentaban casi a diario aquel local, único en su genero en la ciudad, y se conocían bien, hizo detener al beodo. Lo acusó de desacato, lo juzgo y lo condeno con la pena mayor que se podía aplicar a tal delito e hizo que se cumpliera la sentencia, todo para mayor gloría de la judicatura.

El tercer poder, de los estados democráticos, está en nuestro país pendiente aún de una renovación en profundidad. Los cambios que sufrieron con la llegada de la democracia los poderes legislativo y ejecutivo, que posiblemente ya estén amortizados, así como el ejército no  llegaron en su momento y con la profundidad necesaria a la judicatura y cada día son más necesarios. Cierto que se le dedicó en la Constitución un Título al Poder Judicial  que contiene los principios básicos por los que se tendría que regir en el estado de derecho que la Carta Magna regula y cuyos mandatos se han cumplido, al menos sobre el papel. Que entre otras actuaciones significativas se modificó para limitar la aplicación el delito de desacato, se abrió la carrera a la mujer, se creó y reguló la figura del jurado, se integraron en un único escalafón a los jueces, pero por los resultados conseguidos los cambios no han sido suficientes para que la labor de la justicia sea la que los ciudadanos reclaman y su desprestigio es cada día mayor.

Si la situación era mala, el caso de los viajes a Marbella del señor presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, de carácter privado con alojamiento en hoteles de lujo, a costa de los dineros públicos ha venido a empeorarla, aunque según él los miles de euros que gastó es una miseria.

El comportamiento del señor Divar es tan impresentable que la dignidad personal debería impulsarlo a presentar su dimisión de inmediato, para que se abriera a continuación una gran debate público en todo el país sobre las reformas que se debían de hacer de la judicatura, aunque tal debate no se debería limitar a los asuntos puntuales sobre su funcionamiento que apremian más a los ciudadanos, aunque fueran prioritarios, tales como la lentitud de la justicia, la complejidad y complicación de los procedimientos, así como el leguaje críptico que rodea a todos los actos jurídicos, factores que favorecen a los ciudadanos con más capacidad económica, la carencia de recursos y mala organización de los juzgados, el coste real para los ciudadanos y su repercusión en los resultados, el papel de la fiscalía en lo instrucción de los sumarios…. Sería imprescindible abordar también otros aspectos de fondo que son fundamentales para que el poder judicial esté realmente al servicio de los ciudadanos y no, como ocurre en la actualidad, que es al revés, por los comportamientos que sus miembros mantienen.

Los problemas que le ha generado al país el Gobierno de los jueces, tanto por las dificultades para la elección de sus miembros como por sus actuaciones sometidas con frecuencia a intereses ajenos a sus funciones fundamentales y a la arbitrariedad de algunas de ellas, es una prueba más de que en democracia las urnas deben ser el único camino para elegir a los miembros de los poderes fundamentales del estado.

La designación para la presidencia del gobierno de los jueces del señor Divar, fue otro de los aciertos del presidente del último gobierno socialista, y la prueba de lo atinado de la elección la da las siguientes declaraciones del elegido: “ Solo en amar a Cristo y hacerle amar, en vida coherente y cabal, se encuentra la única y verdadera justicia” , palabras muy apropiadas para pronunciarlas en un país de confesión cristiana de la edad media y más aún si se las mismas se declamaban ante un tribunal de la Inquisición. En un estado de derecho y aconfesional, como el nuestro, la justicia emana del pueblo y se hace en nombre del Rey según la Constitución de 1978, articulo 117, por lo que las manifestaciones místicas de referencia, teniendo en cuenta quién las dijo, son ofensivas y condenables.

Por lo expuesto la elección del gobierno de los jueces, desde su presidente hasta cada uno de los vocales que lo integra, lo deben hacerlo los ciudadanos en las urnas entre jurista con los méritos que se concreten, para que así los electos tengan que responder directamente ante los ciudadanos periódicamente.

Un sistema de oposiciones para designar a los miembros de un poder del estado, tampoco es un método adecuado. Los jueces y fiscales tendrían, también, que ser elegidos entre profesionales del derecho con los requisitos que se consideren necesarios para formar parte de la judicatura, para que así tengan que responder periódicamente de su quehacer ante los ciudadanos, de los que según nuestra Carta Magna emana la justicia.

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Un pensamiento en “DEL PODER JUDICIAL

  1. Magnifico artículo que refleja muy bien como era la Justicia en la época franquista, como es en la actualidad y la forma de corregir los errores garrafales de esta.
    Lo de Dívar es incalificable, y efectivamente propia del medievo, sin contar su afición a la semana caribeña.

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