EL RESCATE HA VENIDO Y NADIE SABE COMO HA SIDO

EL RESCATE HA VENIDO Y NADIE SABE COMO HA SIDO

El rescate bancario ha llegado a nuestro país a pesar de los muchos intentos, de los gobiernos de turno, para impedirlo. Las explicaciones de la clase política, sin embargo, no aparecen por ninguna parte y tiene que exponer las razones por las que ha sido inevitable aceptar el hecho de que el país no tiene capacidad para solucionar su problema bancario sin la intervención directa de Europa, con las consecuencias correspondientes.  Los representantes políticos complican aun más la situación al no reconocer la realidad y que es imprescindible depurar responsabilidades por lo ocurrido.

Uno de los aspectos más lamentables de la situación, por la que pasa el país y padecen sus ciudadanos, es la falta de información y de análisis fiable de los hechos por parte de sus representantes elegidos en las urnas.

Algunos de los hechos que los ciudadanos tienen que valorar, es que mientras el país se entrampa a su costa muchos de los inductores y responsables del desastre han desaparecido de la escena, pagados e indemnizados con generosidad de millones, por las entidades que se tienen que rescatar, y además de llevarse el botín se libran de responder de sus acciones y omisiones.

Es importante tener en cuenta, porque en el futuro tendrá consecuencias negativas para los ciudadanos,  que cuando se habla del rescate de la banca el mismo está dirigido, fundamentalmente, a las entidades que se llaman cajas de ahorro, convertidas o no en bancos en operaciones poco claras.

Las cajas de ahorro que se rigen por las normas que regulan las sociedades limitadas y tienen carácter de fundación, disponen de consejos de administración que los forman miembros nombrados por los partidos políticos, las organizaciones sindicales, en algunos casos también por la Santa Madre y en menor medida por los impositores y fundadores. Todos juntos y en unión tienen responsabilidades directas sobre la gestión que llevaron a cabo sus órganos ejecutivos, supuestamente bajo la supervisión del Banco de España. Por lo que es necesario que den explicaciones y saber si estaban capacitados para ocupar el cargo, si miraron hacía otro lado obligados por intereses espurios de las organizaciones a las que representaban o eran sus intereses personales los que mandaban en su proceder.

Por tal razón la mayoría de los mensajes genéricos e hipercríticos que lanzan los miembros de las instituciones que forman o formaron parte de tales consejos de administración, o de los órganos ejecutivos, que no son precisamente explicaciones razonadas con conclusiones en las que acepten responsabilidades, resultan vergonzosos y demagógicos.

Cualquier ciudadano de este país sabe, a estas alturas de la crisis, aunque no se lo hayan dicho sus representantes, que a lo largo de muchos años se ha vivido en un engaño económico promovido, alimentado, potenciado y exaltado por  determinados miembros de las clases dirigentes, carentes del menor sentido de la ética, para beneficiarse ellos y sus colaboradores, por lo que ahora tienen que pagar por su conducta deplorable y pagarán un alto precio porque es imprescindible que lo hagan.

Lo evidente es que el problema económico no es tan fácil de resolver como algunos insensatos pretenden vendernos con mensajes tan fáciles como falsos. El daño que se ha hecho, se hace y se hará a los ciudadanos es incalculable y el dolor generado imperdonable.

El esquema simplificado de lo que ha sucedido y como se ha llegado a la situación actual, es fácil de exponer: las entidades bancarias se  dedicaron durante años a fomentar el gasto de los ciudadanos, especialmente en la compra de viviendas y esas mismas entidades bancarias proporcionaban los recursos necesarios a los solicitantes, sin estudiar previamente la capacidad económica real que tenían para devolver los  créditos. Las entidades bancarias no disponían de los recursos suficientes, con los que conseguían de los ahorradores e impositores del país, para atender a la demanda de créditos, y consiguieron el dinero que necesitaban en los mercados externos, que lógicamente tienen que devolver. La alta demanda de viviendas y las muchas facilidades para la compra, lo que se traducia en prebendas para los banqueros,   hizo que los precios se dispararan, el suelo como parte fundamental de la construcción se encareció especialmente gracias a leyes funestas que regulaban su uso y los especulares del mismo acapararon grandes fortunas, que por supuesto sacaron del país para integrarlas en esos famosos y descontrolados mercados especulativos o mantenerlos ocultos como dinero negro.

El problema surge cuando el tinglado de la construcción supera su capacidad de autoalimentarse, por lo que pierde impulso y termina por caer. La construcción y todas las actividades relacionadas con ella despiden trabajadores, lo que supone disminución del consumo y aumento del paro en la mayoría de los sectores económicos del país que se unen a los del sector de la construcción, como consecuencia disminuye las recaudaciones tributarias del estado y aumenta el gasto en pagar a los desempleados y en otras iniciativas, poco afortunadas, por lo que se incrementan el déficit publico y la deuda pública.

Simultaneamente las entidades bancarias dejan de cobrar los prestamos especialmente los hipotecarios, tanto de particulares como de empresas de la construcción y de los sectores afines, al ejecutarlos se hacen propietarios de un parque de viviendas que sobrevaloraron en su día, que no pueden vender y que figuran en su contabilidad a un precio muy superior al que el mercado le asigna.

Los terrenos, por otra parte, de los que son propietarios las entidades bancarias y con los que pretendían especular valen poco, aunque en sus libros tienen altos precios.

La dinámica se acelera y con ello los factores contrarios se acentúan. Estas entidades se enfrentan además a las deudas que tienen con los prestamistas externos que no pueden saldar.

Los gobiernos de turno buscan como única salida unir entidades bancarias en mal estado con otras que medio se defienden, aunque en la realidad todas está afectadas, y como consecuencia las malas hunden a las que se defendían, por lo que la situación general empeora.

En este contexto y ante la bajada de recaudación del estado, aunque se suban algunos impuestos, los servicios que el estado presta se deterioran aún más, los impulsos inversores desaparecen y se teme que esta cadena de despropósitos no termine nunca.

Este esquema se tiene que llenar de cifras, de nombres, de fechas y de cuantos datos sean necesarios para que los hechos queden esclarecidos.

Nadie puede negar que este país se ha empobrecido y que por lo tanto sus ciudadanos pagan las consecuencias, aunque no todos son más pobres porque esos consejeros y esos directivos y esos especuladores, que ya disfrutan de una amnistía fiscal para las ganancias negras que consiguieron con la especulaciones, se han enriquecido y mucho posiblemente con irregularidades, lo que se tiene que investigar.

Este país necesita un tratamiento enérgico para que recupere los principios éticos y que la sociedad los valore como un bien, lo que no ha hecho en los últimos tiempos.

La recuperación económica llegará, seguirá su marcha y culminará cuando el grado de riqueza de los españoles y la realidad se equilibren, aunque la riqueza estará cada día que pase más concentrada y peor distribuida, el estado de bienestar casi desaparecerá, el número de pobres aumentará y los derechos de los trabajadores seguirán sometidos a un proceso de  deterioro.

Todos y cada uno de los consejeros y directivos de las entidades rescatadas tienen que rendir cuentas antes los tribunales, si no ocurre así el futuro en este país será difícil de vivir porque su realidad estará llena de porquería.

DEL PODER JUDICIAL

DEL PODER JUDICIAL

En los años en que el desacato lo utilizaban los jueces cuando y como lo consideraban oportuno, estuvieran o no constituidos en tribunal de justicia, como uno de los poderes del estado, para ejercer la jurisdicción,  tuvo lugar un suceso, en una capital de provincia de este país, que pudo tener una gran trascendencia social lo que no ocurrió porque su divulgación fue limitada, ya que como es de suponer no figuró como noticia en los medios de comunicación.

El hecho se llegó a conocer, no obstante, lo suficiente para que tuviera una incidencia especial sobre algunas personas que aspiraban a vivir en un estado de derecho, pues tal suceso confirmaba que a pesar de las esperanzas de cambio de muchos ciudadanos la dictadura persistía y mantenía en todo su esplendor la forma de hacer justicia propia del régimen.

Un juez adicto a la bebida y a frecuentar los ambientes lúdicos nocturnos de la ciudad, tuvo un encuentro accidental con un individuo que tenía aficiones similares a las del señor magistrado.  Ocurrió en un local donde los libertinos se divertían, en opinión de las mentes más puritanas, y que entonces se llamaban salas de fiesta, aunque en la realidad eran prostíbulos edulcorados con espectáculo musical de bajo nivel y prostitutas de buena presencia y de alto precio.

El señor magistrado, que se conocía en la ciudad por su dureza cuando juzgaba a los ladrones de gallinas, indigentes que hurtaban alimentos impulsados por la necesidad básica de supervivir, bebía en la barra y se encontraba ya bajo los efectos del alcohol. Un ciudadano, que estaba sometido por una gran borrachera, ansioso por conseguir más bebida desplazo al juez en la barra con un ligero empujón.

El individuo se disculpó por el empellón como buenamente pudo, dado su estado de extrema embriaguez, pero el señor magistrado se sintió agredido y ofendido, por lo que tras identificarse como autoridad y decirle, con insistencia, al que tenía por agresor que él no sabía a quién había empujado, aunque ambos frecuentaban casi a diario aquel local, único en su genero en la ciudad, y se conocían bien, hizo detener al beodo. Lo acusó de desacato, lo juzgo y lo condeno con la pena mayor que se podía aplicar a tal delito e hizo que se cumpliera la sentencia, todo para mayor gloría de la judicatura.

El tercer poder, de los estados democráticos, está en nuestro país pendiente aún de una renovación en profundidad. Los cambios que sufrieron con la llegada de la democracia los poderes legislativo y ejecutivo, que posiblemente ya estén amortizados, así como el ejército no  llegaron en su momento y con la profundidad necesaria a la judicatura y cada día son más necesarios. Cierto que se le dedicó en la Constitución un Título al Poder Judicial  que contiene los principios básicos por los que se tendría que regir en el estado de derecho que la Carta Magna regula y cuyos mandatos se han cumplido, al menos sobre el papel. Que entre otras actuaciones significativas se modificó para limitar la aplicación el delito de desacato, se abrió la carrera a la mujer, se creó y reguló la figura del jurado, se integraron en un único escalafón a los jueces, pero por los resultados conseguidos los cambios no han sido suficientes para que la labor de la justicia sea la que los ciudadanos reclaman y su desprestigio es cada día mayor.

Si la situación era mala, el caso de los viajes a Marbella del señor presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, de carácter privado con alojamiento en hoteles de lujo, a costa de los dineros públicos ha venido a empeorarla, aunque según él los miles de euros que gastó es una miseria.

El comportamiento del señor Divar es tan impresentable que la dignidad personal debería impulsarlo a presentar su dimisión de inmediato, para que se abriera a continuación una gran debate público en todo el país sobre las reformas que se debían de hacer de la judicatura, aunque tal debate no se debería limitar a los asuntos puntuales sobre su funcionamiento que apremian más a los ciudadanos, aunque fueran prioritarios, tales como la lentitud de la justicia, la complejidad y complicación de los procedimientos, así como el leguaje críptico que rodea a todos los actos jurídicos, factores que favorecen a los ciudadanos con más capacidad económica, la carencia de recursos y mala organización de los juzgados, el coste real para los ciudadanos y su repercusión en los resultados, el papel de la fiscalía en lo instrucción de los sumarios…. Sería imprescindible abordar también otros aspectos de fondo que son fundamentales para que el poder judicial esté realmente al servicio de los ciudadanos y no, como ocurre en la actualidad, que es al revés, por los comportamientos que sus miembros mantienen.

Los problemas que le ha generado al país el Gobierno de los jueces, tanto por las dificultades para la elección de sus miembros como por sus actuaciones sometidas con frecuencia a intereses ajenos a sus funciones fundamentales y a la arbitrariedad de algunas de ellas, es una prueba más de que en democracia las urnas deben ser el único camino para elegir a los miembros de los poderes fundamentales del estado.

La designación para la presidencia del gobierno de los jueces del señor Divar, fue otro de los aciertos del presidente del último gobierno socialista, y la prueba de lo atinado de la elección la da las siguientes declaraciones del elegido: “ Solo en amar a Cristo y hacerle amar, en vida coherente y cabal, se encuentra la única y verdadera justicia” , palabras muy apropiadas para pronunciarlas en un país de confesión cristiana de la edad media y más aún si se las mismas se declamaban ante un tribunal de la Inquisición. En un estado de derecho y aconfesional, como el nuestro, la justicia emana del pueblo y se hace en nombre del Rey según la Constitución de 1978, articulo 117, por lo que las manifestaciones místicas de referencia, teniendo en cuenta quién las dijo, son ofensivas y condenables.

Por lo expuesto la elección del gobierno de los jueces, desde su presidente hasta cada uno de los vocales que lo integra, lo deben hacerlo los ciudadanos en las urnas entre jurista con los méritos que se concreten, para que así los electos tengan que responder directamente ante los ciudadanos periódicamente.

Un sistema de oposiciones para designar a los miembros de un poder del estado, tampoco es un método adecuado. Los jueces y fiscales tendrían, también, que ser elegidos entre profesionales del derecho con los requisitos que se consideren necesarios para formar parte de la judicatura, para que así tengan que responder periódicamente de su quehacer ante los ciudadanos, de los que según nuestra Carta Magna emana la justicia.