LAS TARIFAS ELÉCTRICAS, OTRA HERENCIA ENVENENADA DE AZNAR

LAS TARIFAS ELÉCTRICAS, OTRA HERENCIA ENVENENADA DE AZNAR

La reciente subida del importe del suministro de energía eléctrica, junto con la sentencia del tribunal supremo con la que libera a las empresas eléctricas de las obligaciones que les imponía el mal llamado bono social, o descuento a determinados consumidores que fueran personas físicas y cumplieran con numerosos requisitos que iban desde la edad hasta la potencia contratada, vienen a complicar aún más el recorrido desastroso que las tarifas eléctricas siguen en este país desde hace años.

La historia se inicia con las ventoleras neoliberales y privatizadores que invadieron a las instituciones, para hacer que el Estado Español se desprendiera de su participación en el sector industrial de la producción de energía eléctrica, comportamiento que no siguieron los grandes países europeos que como sector estratégico, que lo es, mantienen la titularidad necesario del mismo para ejercer el control oportuno.

Diferentes gobiernos españoles recorrieron con tanto entusiasmo el camino de la privatización, que llegaron al extremo de conseguir que la primera empresa eléctrica de este país, que fue de titularidad pública, terminara por estar bajo el control del Estado Italiano. Paralelamente a una política extremadamente generosa de privatización que tanto favoreció a determinados sectores del capital, Aznar apostó por la total liberalización, lo que requirió un paquete de indemnizaciones para el sector. La excusa para llevar a cabo actuaciones tan impresentables era que con ellas se conseguiría, a medio plazo, que el precio del suministro eléctrico para el consumidor bajara como consecuencia de la libre competencia entre empresas privadas, otra hipócrita sobrevaloración del funcionamiento de los mercados.

Lo que se ha conseguido con tales políticas, en poco más de quince años, es que en la actualidad España tenga el precio más alto en el suministro eléctrico de los países de la unión y que además exista un llamado déficit tarifario que supera los veinte mil millones de euros. El déficit mencionado es la consecuencia de los controles que los gobiernos de turno han ejercido sobre el sector para limitar las tarifas que se aplican a los consumidores, en contra de la liberalización, déficit que es deuda del estado con las empresas productoras.

Es difícil encontrar contrasentidos mayores que los expuestos, en torno a la privatización y liberalización del mercado de la energía eléctrica y sus tarifas, pero los hay y se comentan a continuación.

Liberalizar y privatizar el sector eléctrico no fue la acción más decisiva, en si misma, de los gobiernos de derechas para favorecer al sector eléctrico y perjudicar a los consumidores. El mayor éxito se lo apuntaron con la ley 54/97 del sector eléctrico y otras disposiciones, en la misma línea, y la sistemática resultante que se emplea para calcular las tarifas que los ciudadanos pagan de la energía eléctrica que consumen. Normativa que los gobiernos socialistas no han tenido la dignidad y la valentía de modificar a favor de los consumidores.

Las normas que regulan la generación y distribución de la energía eléctrica están  publicadas en el Boletín Oficial del Estado, al que pocos ciudadanos acceden, por lo que la clase política tendría que salir a los medios de comunicación para descifrar, con la claridad necesaria para que los ciudadanos lo entienda, lo que encierra su contenido. No lo hacen porque resultaba complicado explicar y justificar un sistema que merece el calificativo de timo de la estampita.

La explicación esquemática es sencilla y sin duda fácil de entender.

La distribución de la energía eléctrica en este país se hace a través de una red de la que es titular Red Eléctrica Española (REE), de la que sólo el 20% es ya de titularidad pública. A esta red están conectados los centros generadores de energía eléctrica.

La red (REE) tira de los centros que la generan, como respuesta a la demanda de los consumidores y para suministrarles la energía que requieren. Lo hace en un orden establecido de las diferentes fuentes. Capta, en primer lugar, la energía que generan las centrales nucleares, en segundo lugar lo hacen de las fuentes renovables (generación hidráulica, generación eólica, generación solar, generación por la valorización energética de la biomasa…) a continuación de las centrales térmicas de gas, de petróleo, de carbón.

El orden mencionado está en relación inversa al coste que se le asigna a la generación del KW/h, así el más barato es el nuclear, el hidráulico….  Tanto a la energía de origen nuclear como de origen hidráulico se le asigna valor cero, al parecer porque las inversiones están amortizadas. Pero lo curioso es que el precio real de las tarifas se fija igual para todos los KW/h que se consumen, en periodos de veinticuatro horas, con referencia al precio del último que se engancha a la red de suministro (REE) según su origen, que es el más caro de los captados. Se emplea para hacerlo un mecanismos de oferta y demanda, donde la estimación de la demanda la hace (REE) y la oferta de venta ante tal demanda las empresas que generan, estás operaciones se lleva a cabo cada día. A este mecanismo se le da el nombre de pool (como referencia al precio de origen).

El truco del almendruco está que de acuerdo con el porcentaje de producción de las energías con valor cero y el consumo nacional nunca será la referencia del precio el de la energía que procede de la energía nuclear o hidráulica, salvo episodios anecdóticos sin incidencia real sobre las tarifas. En definitiva a quién se perjudica con la sistemática expuesta es al consumidor, como ocurre siempre.

Ante esta situación, que es difícil de calificar y aún más de entender e imposible de aceptar, queda pendiente saber el nombre y apellidos de los políticos que han ejercido el poder, en los diferentes ámbitos del estado, y que en la actualidad forman parte de los consejos de administración, de los órganos directivos o son asesores de alto nivel de las eléctricas, así como la retribuciones que reciben en tales destinos que probablemente estén por encima del salario mínimo interprofesional.

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ANDALUCIA UNA NUEVA SITUACION POLITICA

En las pasadas elecciones autonómicas del 25 de marzo, los andaluces y andaluzas se han pronunciado inequívocamente configurando una nueva realidad política que, a nuestro juicio, tiene los siguientes rasgos:

A pesar de ser el partido más votado, los electores han rechazado las políticas del PP negándose a concederles la joya de la corona: El Gobierno de Andalucía.

El PSOE ha perdido su calidad de primera fuerza política en nuestra Comunidad Autónoma. El mensaje también parece claro: debéis mejorar sustancialmente, vuestra manera de hacer política en la forma y en el fondo, la corrupción no es tolerable

En cuanto a IU, sus resultados doblando el número de diputados, aunque lejos de su máximo histórico , pueden ser calificados de excelentes dentro de los límites de una formación minoritaria.

Los votos de la ciudadanía andaluza dibujan un mapa claramente de izquierdas y  las fuerzas políticas con representación parlamentaria deberán actuar en consecuencia. La actuación tiene que ir necesariamente en el sentido de un acuerdo PSOE IU  y para llegar a consensos políticos, habrá que hallar el mínimo común múltiplo entre las dos formaciones que, no olvidemos siempre será mayor que la suma de ambas. Habrá que abandonar todo dogmatismo, ser generosos y saber ceder. Se trata de utilizar las sinergias de los programas de ambos partidos de tal manera que, el resultado final sea mejor para el ciudadano que la aplicación de uno solo de ellos.

Tenemos que recordar a diario que el bienestar de la población, la protección de sus derechos, la atención a los más débiles son el buque insignia de una política de izquierdas.

Diego Valderas ha puesto en duda la capacidad del PSOE para realizar políticas de izquierda. Parece una duda razonable, a pesar de la defensa que los socialistas andaluces han hecho de lo público en materias tan sensibles como educación, sanidad, o dependencia.

También parece razonable preguntarse si IU, puesta en la tesitura de gobernar, será capaz de administrar unos recursos humanos y económicos escasos con eficacia y eficiencia. Ya no se trata de teorías, se trata de gestionar un presupuesto y tomar decisiones que afectan a la vida de las personas y esto, constituye una gran responsabilidad que no todo el mundo está en condiciones de asumir.

En todo caso, la mayor responsabilidad corresponde al PSOE por su mayor apoyo electoral y porque es el partido que ha gobernado Andalucía desde el restablecimiento de la democracia en España.

Pepe Griñán tiene sobre sí una doble tarea que debe acometer sin tardanza. Por una parte, está obligado a alcanzar un pacto de legislatura o mejor de gobierno con IU. Conseguido el mismo, deberá gobernar una legislatura en época de crisis, con un paro desbocado y con la hostilidad del gobierno de la nación que, no perderá ocasión de poner palos en las ruedas del progreso andaluz. Además, deberá hacer políticas que propicien una salida de la crisis sin cargar sobre las espaldas de las mujeres y hombres de esta tierra, todos los costes y sacrificios que  éste capitalismo de casino pretende imponer.

Será objeto de observación recelosa de los gobiernos conservadores europeos, porque una colaboración de izquierdas como la que está fraguando en Andalucía, es una excepción en el seno de la Unión Europea.

Por otra parte, deberá erradicar sin contemplaciones y caiga quien caiga, la corrupción de la administración pública andaluza. Su reciente admisión de una comisión de investigación sobre el fraude de los ERE, lo sitúa en el buen camino.

IU no puede dejar pasar la oportunidad de demostrar que también es capaz de ser un partido de gobierno. El tremendo error cometido en 1994 cuando se negó a colaborar con el PSOE, no puede repetirse.

En definitiva, ambas organizaciones están condenadas a entenderse, no hacerlo, significaría traicionar el mandato del pueblo andaluz expresado en las urnas.