DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Los mensajes que proceden de la clase política municipalistas reclamando más poder, más autonomía, más recursos y más competencias son permanentes desde hace mucho tiempo y se han vuelto a repetir en las vísperas de los últimos congreso de los dos grandes partidos y la situación es propicia para que buena parte de ambas organizaciones estén a favor de tales planteamientos.
Al margen de que esas reclamaciones puedan tener una base más o menos razonable, lo cierto es que el papel que desempeña la Administración Local en este país es francamente mejorable, por lo que antes de darle más recursos, más competencias, más poder y más autonomía habría que exigirle cambios sustantivos.
La proximidad de la Administración Local al ciudadano es evidente y los servicios que ésta les proporciona son fundamentales para la vida y para la convivencia de la comunidad, por tales razones su gestión tiene que ser mejor para que sus reivindicaciones puedan tener una base sólida ya que en la actualidad resulta difícil de entender:
Que pese a tener por cierto que los cambios estructurales en las Administraciones del país, es un requisito imprescindible para potenciar el desarrollo y la creación de empleo, y que el papel de la Administración Local en tales reformas es fundamental poco o nada hacen al respecto.
Que carece de justificación que la instalación de una empresa, sea como sea su tamaño y sus características, en un municipio cualquiera el promotor tenga que esperar años y soportar una burocracia costosa y en gran medida inútil.
Que en Andalucía, una Comunidad Autónoma carente de la estructura industrial mínima que requiere un país desarrollado, con frecuencia se rechacen por parte de los municipios la instalación de empresas rentables que crearían riqueza por los motivos más pintorescos y a veces como respuesta a grupos de presión ubicados, con sus mentiras, en el pleistoceno.
Que conseguir la licencia para construir una casa o incluso hacer una obra menor requiere, por parte del solicitante armarse de paciencia para esperar años pues tiene que superar una burocracia lenta y con frecuencia sin sentido, mientras que al mismo tiempo se construyen viviendas ilegales en terrenos no urbanizables sin tener que superar ningún tipo de tramite ni superar esperas.
Que muchos alcaldes y ediles, no ya solo de ciudades o de pueblos grandes sino también de poblaciones medianas e incluso pequeñas, reciban emolumentos que están muy por encima de las posibilidades reales de la población que gobiernan, con frecuencia por encima de los que recibe el presidente del gobierno del país. Situación a la que se ha llegado tras superar un debate, que duró años, sobre la conveniencia o no de que los ediles cobraran por sus actividades.
Que los funcionarios municipales tengan, con frecuencia, salarios superiores a los de la Administración Autonómica y la Administración Central lo que se hace por medio de complementos que maneja el gobierno municipal.
Que las empresas públicas municipales proliferen y no se recurra a ellas por necesidades reales de la ciudadanía y para conseguir una administración más eficaz, sino porque son propicias para situar a correligionarios sin destino y facilitan operaciones de dudosa legalidad.
Que los gerentes y equipos directivos de entes y empresas municipales tengan salarios disparatados, tres o cuatro veces superiores a la de los funcionarios de similar categoría, muy por encima también de los que reciben el gobierno municipal, aunque las empresas estén en la ruina ayudadas por la nefasta gestión de sus directivos.
Que los ayuntamientos sean el refugio de militantes sin destino, políticos profesionales de los partidos de turno, que no tienen más profesión que la política y ocupan puestos que son innecesarios, en estructuras artificiosas, y que por el contrario están muy bien pagados, una de las demostraciones más lamentables del clientelismo político fruto de una mala organización de los partidos políticos que por añadidura marca un camino propicio para las prácticas corruptas.
Que por motivos electoralistas los municipios no cobren, a través de las tasas correspondientes, el importe real de algunos de los servicios que prestan a los ciudadanos y además los ayuntamientos destinen el importe de tales tasas finalistas a otros menesteres, lo que está en contra de la legalidad vigente y colaboran a practicas que sostienen una mala administración.
Que los interventores municipales no cumplan con plenitud e independencia con sus obligaciones de hacer que el gasto se haga de acuerdo con las normas de aplicación obligada, al ser funcionarios bajo el control del alcalde que puede fijar a su antojo parte de su salario.
Que se hayan constituido unas policías municipales con prácticas más próximas a la represión del ciudadano que al papel de servidores públicos.
Que participan activamente en la especulación del suelo y en consecuencia a la ruina del país, como respuesta, en parte, de la política de gobiernos irresponsables que le facilitaron ese papel como mecanismo de especulación con el que supuestamente se financian.
Que antes de meterse en inversiones de gran cuantían no valoren con estudios reales hasta donde pueden llegar sus posibilidades económicas. Muy en especial cuando tales inversiones están relacionadas con el autobombo o con fines electoralistas. Es ruinoso construir un polideportivo cuando el número de vecinos que puedan utilizarlo es insuficiente para su mantenimiento, cuando lo razonable sería pensar en instalaciones para mancomunidades o consorcios.
Que con frecuencia ejerzan funciones sin tener las competencias correspondientes y por lo tanto no cuenten con las partidas presupuestarias oportunas.
La lista podría ser bastante más amplia pero ya sería un paso fundamental que las entidades locales dieran respuestas oportunas a los puntos mencionados, para que sus reclamaciones tuvieran una base real.
Senatus Trianae 