JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ Y JOSÉ IGNACIO WERT, DOS VIDAS PARALELAS

JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ Y JOSE IGNACIO WERT,   DOS VIDAS PARALELAS

Julio Rodríguez Martínez, un granadino de Armilla, que fue miembro numerario del Opus Dei, catedrático de Cristalografía, Mineralogía y Mineralotecnia y procurador en las Cortes Franquistas, ocupó la Cartera de Educación durante unos meses en el último gobierno de Carrero Blanco. El tiempo fue poco pero suficiente para que el señor ministro dejara una muestra de los disparatados planes que tenía para la educación en nuestro país.

La transformación más significativa que comenzó a poner en marcha fue la que se llamó jocosamente la reforma Juliana, se entiende que por el nombre del ministro y por referencia al calendario Juliano. La misma consistía en comenzar el curso académico el día siete de enero de cada año, para finalizarlo en el mes de diciembre, con los correspondientes ajustes de los periodos vacacionales, etc.

La prueba se hizo con el primer curso de las carreras universitarias, lo que permitió a una promoción de universitarios disfrutar de siete meses de vacaciones extras. El rechazo fue tan rotundo en todos los sectores relacionados con la enseñanza y con la población en general, que el plan se suspendió sobre la marcha junto con el ministro.

En relación a su nombramiento se comentaba, en los mentideros políticos de la época, que el dictador le indicó a su presidente de gobierno que quería como ministro de educación a ese chico de Granada. El tirano se refería a Luis Sánchez Agesta, un catedrático de derecho político adicto al régimen que fue Rector de la Universidad de Granada y también de la de Madrid.

El presidente del gobierno consultó el mandato que recibió con sus colaboradores que relacionaron los términos chico y Granada con Julito no con don Luis. El resultado de la metedura de pata fue la fallida reforma Juliana el nombramiento de un ministro que se mantuvo sólo unos meses en el cargo, y que se constituyó como un centró de burlas a lo largo y ancho del país, y que un aspirante durante años a ocupar el cargo de ministro, Luis Sánchez Agesta, no pudiera llegar a ejercer como tal aunque el militar golpista que entonces mandaba hubiese decidido que lo hiciera.

Las actuaciones que ha tenido hasta le fecha el actual ministro de Educación José Ignacio Wert recuerdan, al instante, al ministro de la dictadura Julio Rodríguez Martínez.

Le faltó tiempo al señor ministro, tras tomar posesión, para salir a los medios de comunicación para anunciar al país que su gran reforma de la enseñanza consistiría en eliminar el cuarto curso de la ESO para transformarlo en el primer curso de bachillerato.

El señor ministro, al parecer, no hizo una valoración de las consecuencias reales de tal modificación ni lo que perseguía con ella, lo que si llevaron a término los profesionales, de todo signo, de la enseñanza y ellos coincidieron en que los fines que perseguía con su reforma el señor ministro ya se daban en la práctica con la enseñanza obligatoria.

La incidencia que tan inútil modificación tenía sobre el funcionamiento de los centros era incosteable, además de llevar inestabilidad a los mismos, ya que supondría la sustitución de miles de profesores así como el incremento de unidades en algunos centros y las disminución en otros. En definitiva una reforma inútil, complicada y costosa de aplicar por lo que no se podría llevar a térmico en tiempos de crisis cuando se teme un recorte en el capitulo dedicado a la enseñanza que las comunidades autónomas no saben como asimilarán.

Es de imaginar que ante esta situación, que algún asesor explicaría al señor ministro, éste volvió a los medios para con la justificación de perfilar lo que dijo modificar el contenido de  la reforma que pretendía hacer, para dejar la ESO tal y como está y hablar de posibilidades de elección por parte de los alumnos en el último

curso, lo que ya se hace en la práctica, e introducir algunas materias optativas nuevas.

Para completar su plan de cambios dirigió su  segunda acción a la asignatura EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA y para justificar las modificaciones habló de adoctrinamiento y recurrió, como prueba que lo demostraba, a un texto que no estaba autorizado por el Ministerio para su uso en los centros de enseñanza. Su reforma, aparte de cambiar el nombre de la asignatura y modificar algunos aspectos del contenido pocos trascendentes, sólo conseguirá fastidiar a las editoriales a las que estropeará sus planes de publicación del texto de la asignatura.

Estas reformas, fallidas y en memoria del ministro Julio Rodríguez Martínez, se deberían de llamar las reformas Wertanas, simplemente porque deben llevar el nombre del señor ministro que las promueve, con perdón de los huertanos.

La brillante trayectoria que recorre desde su nombramiento no terminó con lo dicho, para completarla se unió a las mentes más reaccionarias y torpes de este país y formuló declaraciones con las que insultaba a los andaluces, como si hacerlo fuera una obligación de necios.

Los andaluces que son las personas más solidarias, más sufridas, más explotadas y más sabias, de este país llamado España, tienen que soportar periódicamente que algún personajillo busque relevancia política metiéndose con ellos. Tales individuos no hablan de esta región para decir que fue maltratada durante mucho tiempo, porque el estado por tradición no dedicaba sus inversiones a ella ya que era prioritario frenar con recursos la insolidaridad y la codicia de los nacionalismos, los intereses de sectores de presión de las oligarquías económicas y atenerse a otros condicionantes que repercutían para mal en las tierras del sur. Tales individuos dicen que los andaluces son indolentes, incultos, torpes y otras muchas lindezas. El señor ministro se ha unido al coro de necios para decir también que los andaluces son los peores alumnos, que saben poco, que aprenden menos y enseñan mal.

El señor Wert no fue nombrado ministro como consecuencia de una indicación mal interpretada de un dictador sanguinario, como lo fue Julito, pero se ha quemado, como él, sólo en unos meses, por su incapacidad para desempeñar el cargo. Está tan chamuscado que si no lo cesan él debería, por simple dignidad, presentar su dimisión cuanto antes.

DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Los mensajes que proceden de la clase  política municipalistas reclamando más poder, más autonomía,  más recursos y más competencias son permanentes desde hace mucho tiempo y se han vuelto a repetir en las vísperas de los últimos congreso de los dos grandes partidos y la situación es propicia para que buena parte de  ambas organizaciones estén a favor de tales planteamientos.

Al margen de que esas reclamaciones puedan tener una base más o menos razonable, lo cierto es que el papel que desempeña la Administración Local en este país es francamente mejorable, por lo  que antes de darle más recursos, más competencias, más poder y más autonomía habría que exigirle cambios sustantivos.

La proximidad de la Administración Local al ciudadano es evidente y los servicios que ésta les proporciona son fundamentales para la vida y para la convivencia de la comunidad, por tales razones su gestión tiene que ser mejor para que sus reivindicaciones puedan tener una base sólida ya que en la actualidad resulta difícil de entender:

Que pese a tener por cierto que los cambios estructurales en las Administraciones del país, es un requisito imprescindible para potenciar el desarrollo y la creación de empleo, y que el papel de la Administración Local en tales reformas es fundamental poco o nada hacen al respecto.

Que carece de justificación que la instalación de una empresa, sea como sea su tamaño y sus características, en un municipio cualquiera el promotor tenga que esperar años y soportar una burocracia costosa y en gran medida inútil.

Que en Andalucía, una Comunidad Autónoma carente de la estructura industrial mínima que requiere un país desarrollado, con frecuencia se rechacen por parte de los municipios la instalación de empresas rentables que crearían riqueza por los motivos más pintorescos y a veces como respuesta a grupos de presión ubicados, con sus mentiras,  en el pleistoceno.

Que conseguir la licencia para construir una casa o incluso hacer una obra menor requiere, por parte del solicitante armarse de paciencia para esperar años pues tiene que superar una burocracia lenta y con frecuencia sin sentido, mientras que al mismo tiempo se construyen viviendas ilegales en terrenos no urbanizables sin tener que superar ningún tipo de tramite ni superar esperas.

Que muchos alcaldes y ediles, no ya solo de ciudades o de pueblos grandes sino también de poblaciones medianas e incluso pequeñas, reciban  emolumentos que están muy por encima de las posibilidades reales de la población que gobiernan, con frecuencia por encima de los que recibe el presidente del gobierno del país. Situación a la que se ha llegado tras superar un debate, que duró años, sobre la conveniencia o no de que los ediles cobraran por sus actividades.

Que los funcionarios municipales tengan, con frecuencia, salarios superiores a los de la Administración Autonómica y la Administración Central lo que se hace por medio de complementos que maneja el gobierno municipal.

Que las empresas públicas municipales proliferen y no se recurra a ellas por necesidades reales de la ciudadanía y para conseguir una  administración más eficaz, sino porque son propicias para situar a correligionarios sin destino y facilitan operaciones de dudosa legalidad.

Que los gerentes y equipos directivos de entes y empresas municipales tengan salarios disparatados, tres o cuatro veces superiores a la de los funcionarios de similar categoría, muy por encima también de los que reciben el gobierno municipal, aunque las empresas estén en la ruina ayudadas por la nefasta gestión de sus directivos.

Que los ayuntamientos sean el refugio de militantes sin destino, políticos profesionales  de los partidos de turno, que no tienen más profesión que la política y ocupan puestos  que son innecesarios, en estructuras artificiosas, y que por el contrario están muy bien pagados, una de las demostraciones más lamentables del clientelismo político fruto de una mala organización de los partidos políticos que por añadidura marca un camino propicio para las prácticas corruptas.

Que por motivos electoralistas los municipios no cobren, a través de las tasas correspondientes, el importe real de algunos de los servicios que prestan a los ciudadanos y además los ayuntamientos destinen el importe de tales tasas finalistas a otros menesteres, lo que está en contra de la legalidad vigente y colaboran a practicas que sostienen una mala administración.

Que los interventores municipales no cumplan con plenitud e independencia con sus obligaciones de hacer que el gasto se haga de acuerdo con las normas de aplicación obligada, al ser funcionarios bajo el control del alcalde que puede fijar a su antojo parte de su salario.

Que se hayan constituido unas policías municipales con prácticas más próximas a la represión del ciudadano que al papel de servidores públicos.

Que participan activamente en la especulación del suelo y en consecuencia a la ruina del país, como respuesta, en parte, de la política de gobiernos irresponsables que le facilitaron ese papel como mecanismo de especulación con el que supuestamente se financian.

Que antes de meterse en inversiones de gran cuantían no valoren con estudios reales hasta donde pueden llegar sus posibilidades económicas. Muy en especial cuando tales inversiones están relacionadas con el autobombo o con fines electoralistas. Es ruinoso construir un polideportivo cuando el número de vecinos que puedan utilizarlo es insuficiente para su mantenimiento, cuando lo razonable sería pensar en instalaciones para mancomunidades o consorcios.

Que con frecuencia ejerzan funciones sin tener las competencias correspondientes y por lo tanto no cuenten con las partidas presupuestarias oportunas.

La lista podría ser bastante más amplia pero ya sería un paso fundamental que las entidades locales dieran respuestas oportunas a los puntos mencionados, para que sus reclamaciones tuvieran una base real.