TENEMOS QUE ERRADICAR LA CORRUPCIÓN
El término regeneración se usa en el leguaje médico como antónimo de corrupción. El movimiento regeneracionista que surgió en este país a finales del siglo XIX, tenía como objetivo principal luchar contra la corrupción generalizada de la sociedad de la época y en especial de la clase política. Salvando las distancias, que sin duda son considerables, tanto en el plano social como en el económico, con relación a aquellos años turbulentos de la historia de nuestro país, lo cierto es que nos enfrentamos a una situación de corrupción por parte de la clase política, que se refleja sobre toda la sociedad, que es realmente intolerable.
La corrupción como comportamiento delictivo, con abuso de poder, que favorece al corrupto y que perjudica a la sociedad de la que forma parte, es una tentación que acompaña a los miembros de nuestra especie como parte de su propia naturaleza, por tal razón la vigilancia para impedir ese tipo de conductas y arrancarlas sin miramientos, cuando surgen, por parte de los partidos políticos debe ser extrema. El comportamiento del PSOE deja mucho que desear en esta materia, es un hecho indiscutible al margen de lo que hagan otras organizaciones políticas, pues en esta cuestión las comparaciones además de ser odiosas quienes las utilizan intentan, con ellas, buscar la justificación y la autojustificación de conductas inaceptables y las consecuencias son que terminan por contaminar a toda la organización que las consiente.
La corrupción en nuestra comunidad se ha manifestado en las formas más variadas, que van desde el quehacer directo, donde ha destacada ese comportamiento descarado, obsceno y repulsivo de la gestión de los ERES y de las subvenciones de carácter público a otra corrupción difusa, pero no por ello menos grave ya que corroe las bases en las que se sustenta el estado de derecho. Ese tipo de corrupción, de menor cuantía y más difícil de concretar responsabilidades, abarca desde la asignación de contratos por parte de las Administraciones Publicas sin cumplir con los trámites preceptivos, el mirar hacia otro lado ante el incumplimiento de normas para favorecer a parientes y amigos, hasta la inhibición por parte de quien ostenta el poder ante los incumplimientos de las obligaciones que imponen las leyes.
La construcción de 250.000 viviendas ilegales, que después se legalizan, es una corrupción difusa, que afecta en primer lugar a las arcas públicas que dejan de cobrar tributos en tiempo y forma, así como a otros miles de ciudadanos que construyeron dentro de la legalidad y soportaron cargas, obligaciones, y la burocracia con frecuencia excesiva y torpe de las Administraciones Publicas, así como aquellos a los de le denegaron la licencia para construir o incluso los obligaron a derribar construcciones que se calificaron de ilegales. Por otra parte da ánimos a todos los ciudadanos para mantener tales prácticas de construir al margen de la legalidad, pues en definitiva antes o después se legalizará lo que edifiquen.
Es una corrupción intolerable no actuar a tiempo en estos 250.000 casos, situación que conecta con la dejación, por parte de los responsables políticos ante el cáncer de Marbella que no lo extirpó antes de que hiciera metástasis e infectara a todo el país, comportamiento que es sin duda otra manifestación de la corrupción difusa.
Los casos de corrupción en Andalucía que son conocidos, pues dada la situación otros muchos permanecerán ocultos, han sobrepasado los límites de la tolerancia para el electorado de izquierdas que vota inspirado por la buena voluntad y con la idea de que entrega su confianza para que gobiernen a personas no sólo eficaces sino también honradas y que vigilan y controlan el cumplimiento de las leyes, una postura diferente al votante de otras alternativas políticas que cuando piensa en las practicas corruptas imagina los beneficios que generan y la posibilidad de que tales beneficios le puedan favorecer a él.
Los dirigentes políticos que bajo su mandato han tenido lugar la implantación y desarrollo de la corrupción, hasta llegar al extremo que nos hace pensar en otros periodos históricos impresentables de este país, carecen de legitimidad para ejercer el poder a ningún nivel. No se discute el relevo generacional y otras zarandajas aireadas por los medios de comunicación, se trata simplemente de tener la dignidad personal necesaria para dejar las responsabilidades de la organización en manos de quién pueda ejercerlas con eficacia, con honradez y con la autoridad moral necesaria para no transigir con ninguna corruptela.